El Plan de Ajuste diseñado por la Junta de Castilla y León para cumplir el objetivo del déficit incluye medidas que supondrán un ahorro de 365,94 millones de euros, entre las que se encuentra la desaparición del 29 por ciento de las entidades públicas de la comunidad, una reestructuración que afectará a un total de once.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, compareció junto al consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se dio cuenta de este Plan que la Junta presentó ante el Gobierno el pasado lunes.

Se trata de un conjunto de medidas «necesarias» y destinadas a la creación de empleo, facilitar el asentamiento de empresas y acometer la reestructuración del sector público y poner límite a los salarios, con las que, como explicó Del Olmo, se ahorrarán unos 366 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit de 2012 fijado en el 1,5 del PIB.

De este modo, la Junta prevé ahorrar 125,6 millones de euros en personal; 37 millones de euros en gastos corrientes; 130 millones de euros en transferencias corrientes y 73,2 millones de euros en inversiones reales, cuantías que se verán compensadas por el incremento de otras como los gastos financieros, que registrarán una subida de 175,92 millones de euros y las transferencias de capital, que crecen en 54 millones de euros. Como dijo la consejera, el Plan de Ajuste incluye algunas medidas que ya se han adoptado y que tendrán su reflejo en el Presupuesto General de la Comunidad de 2012, cuyo plazo de presentación está condicionado por la respuesta del Gobierno sobre esta propuesta que, a pesar de estar convencida de que se aprobará, está sujeto a matizaciones, y el Plan Económico y Financiero. «Lo lógico es que esperemos por si tenemos que corregir algo, lo que puede retrasar la presentación de Presupuestos, ya da igual un día u otro, en todo caso será en este mes», señaló Del Olmo.

La Junta de Castilla y León prevé un ahorro de casi 20 millones de euros con la reestructuración de 11 entes del sector público, mediante su extinción, fusión o absorción, medida que se complementará con la limitación de los sueldos, que se equipararán a los de secretario general (66.000 euros). Del inventario de 106 entes, Del Olmo explicó que sólo pueden actuar en 38, dado que carece de mayoría en otros 27, cuatro corresponden a las universidades públicas, de las que dependen a su vez 37 organismos. De manera que la extinción, fusión o absorción afectará a 11 de esas 38 (29%), por el que computa un ahorro de casi 20 millones de euros. Tanto Del Olmo como el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, insistieron en que en este momento no se puede precisar el número de trabajadores afectados, ya que antes de la extinción o fusión habrá un proceso de negociación y unos trámites administrativos. «No es tan fácil», apostilló la consejera.