La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, Soraya Mayo, denunció ayer la existencia de 70.000 actividades «fantasma» en la comunidad, algo que está «lastrando» a las empresas en activo y que está haciendo un «flaco favor» a estas compañías. Además, reiteró la falta de acceso al crédito y el descenso del consumo como dos de las principales preocupaciones de los autónomos en la actualidad.

Por ese motivo, desde ATA se avanzó que se reclamará la colaboración de la Junta de Castilla y León para que apoye «la lucha contra el fraude», porque es un problema «de todos», y especialmente teniendo en cuenta que hay empresas «en la cuerda floja». Mayo recordó que se está perdiendo dinero en cotizaciones sociales y en impuestos, y lo que se pretende es «que se castigue a esas empresas fantasma», dijo.

Para Soraya Mayo, tiene que producirse «un cambio cultural», ya que hasta el momento «se reían las gracias a aquellos que defraudaban», pero ahora, teniendo en cuenta además la situación económica actual, es necesario «perseguir esas actividades y a quienes las llevan a cabo», reclamó.

En la misma línea se expresó el presidente de ATA a nivel nacional, Lorenzo Amor, quien añadió que en España existe un millón y medio de actividades «no declaradas», lo que hace que los autónomos tengan que competir «con una economía sumergida que está siendo un lastre para muchos autónomos», por lo que reclamó un Plan de Lucha Contra el Fraude en el ámbito local y en la Seguridad Social. A juicio de Lorenzo Amor, el principal problema de la economía sumergida se encuentra «en los buzones y las farolas», por lo que reclamó que las inspecciones de trabajo no sólo se centren «en las empresas y autónomos», que son quienes aparecen registrados y cumplen con sus obligaciones, sino en esa economía sumergida, que se encuentra fundamentalmente en sectores como la construcción o en la prestación de servicios profesionales, y que dispone de un millón de alquileres no declarados en todo el país. En relación al resto de problemas a los que tienen que hacer frente los autónomos, Lorenzo Amor señaló que desde el año 2007 el crédito concedido a los autónomos «se ha reducido a la mitad», mientras que el crédito destinado a las administraciones públicas «se ha duplicado». Por otro lado, denunció que un país «serio» no puede ser un país en el que las administraciones «no paguen a sus proveedores», por lo que estimó que Plan de Pago a Proveedores supondrá un «salvavidas» y «un balón de oxígeno» para muchos autónomos, aunque hizo un llamamiento para «no caer de nuevo en la misma piedra».

Mientras tanto, Soraya Mayo recordó que los datos del sector de trabajadores autónomos durante el primer trimestre de este año en Castilla y León «no es muy bueno», ya que se perdieron casi 1.500 autónomos en Castilla y León, lo que supuso un descenso del 0,7 por ciento, frente a la caída del 0,5 por ciento nacional.