La Junta de Castilla y León defendió ayer que los servicios mínimos fijados para la jornada de huelga general del 29 de marzo en un 21,16 por ciento en la Administración autonómica «han pasado todos los filtros que tienen que pasar», aunque no han contado con el voto a favor de los sindicatos. Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se aprobó el acuerdo que regula los servicios mínimos de la Administración autonómica, transportes y farmacia con motivo de la huelga general. La Junta ha establecido unos servicios mínimos del 21,16 por ciento, como adelantó ayer la Agencia Ical, por debajo de los marcados en septiembre de 2010, que fue del 22,63 por ciento. Así, estarán en su trabajo el 29 de marzo un total de 20.331 de los 87.056 empleados públicos, el 23,35 del total, lo que supone que estarán en su puesto el 38,45 de los sanitarios, el 18,66 de los trabajadores en puestos de gestión, el 9,11 de docentes no universitarios y el tres en universidades pública. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Castilla y León, Agustín Prieto y Ángel Hernández, ya han anunciado en Salamanca que «seguramente recurrirán» los servicios mínimos impuestos por la Administración regional por ser «abusivos». En concreto, Prieto denunció que no han tenido la oportunidad de «negociar nada» y les han presentado un «paquete» en el que está previsto que trabajen 25.000 o 30.000 trabajadores, una situación que a su juicio «no es razonable», porque son más de los que trabajan por ejemplo un domingo. Por último, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) destacó se ha dirigido a las autoridades públicas solicitando las «medidas oportunas para garantizar el derecho al trabajo, evitando presiones o coacciones».
