El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer la revisión del objetivo de déficit de 2012 para las comunidades autónomas del 1,3 por ciento del PIB previsto al 1,5 por ciento, lo que supondrá para la comunidad la posibilidad de endeudarse en 850 millones de euros, según la primera estimación realizada ayer por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al término de la reunión celebrada en Madrid.
Esto supone, añadió, «un poquitín de respiro» para las cuentas regionales, aunque subrayó que de igual modo «Castilla y León tendrá que hacer muchos sacrificios, como tendrán que hacer todas las comunidades». Además, la responsable de Hacienda destacó que esos 850 millones de euros que la Junta podrá incluir en sus Presupuestos de 2012 también generan intereses y se deben amortizar. «El pago del servicio de la deuda es una de las partidas más importantes, eso no puede ser», añadió Del Olmo.
La consejera de Hacienda se mostró «satisfecha» con el nuevo objetivo, que únicamente contó con el voto en contra de Andalucía, mientras que Canarias y Cataluña se abstuvieron. Respecto al caso andaluz, Del Olmo se mostró sorprendida de que el pasado mes de julio el Gobierno de esta comunidad votara a favor del objetivo fijado del 1,3 por ciento y ahora en contra del 1,5 por ciento. «No parece muy coherente», añadió.
Además, la consejera resaltó que el mecanismo para garantizar el pago a los proveedores de las administraciones a partir del próximo mes de mayo, dotado con 35.000 millones de euros y aprobado ayer por unanimidad, es «probablemente la medida más importante que ha adoptado el Gobierno de España» y subrayó que el Ejecutivo de Rajoy «ha hecho más en dos meses que el anterior en ocho años». Esta nueva herramienta permitirá a la Administración regional saldar los 500 millones de euros pendientes de pago en 2011, si bien la consejera resaltó que el Gobierno regional aún tiene que estudiar si se acoge y con qué cuantías.
«Este mecanismo extraordinario de financiación es vital para la economía de España», destacó Pilar del Olmo, porque permitirá que las empresas «comiencen a confiar en la economía española». «No puede ser que un país como el nuestro esté en tela de juicio porque no pagamos a nuestros proveedores», añadió la responsable de Hacienda. Pilar del Olmo recordó que Castilla y León «siempre ha reivindicado medidas que faciliten la liquidez» y, apuntó, «por fin se han tomado». La medida aprobada por el Gobierno supondrá facilitar un crédito de 35.000 millones de euros para comunidades autónomas y entidades locales con unas condiciones de pago a diez años, una carencia de dos y un interés del 5 por ciento. El Consejo de Gobierno tendrá que aprobar previamente un plan de ajuste de gastos que presentará al Ministerio de Economía en el que se compromete a cumplir con el déficit público, y entonces decidirá la cuantía que solicita. En total, Castilla y León tiene 500 millones de euros pendientes de pago de 2011, que podrían saldarse acogiéndose al nuevo plan de ayuda del Gobierno. «Nos va a permitir pagar a todos los proveedores a los que debíamos dinero antes del 31 de diciembre de 2011 y eso ya no se cargará en el presupuesto de 2012», explicó. Este nuevo mecanismo, además, permitirá «saldar la deuda histórica con proveedores, sobre todo de la sanidad».
El Consejo también abordó la petición planteada por la comunidad de crear un grupo de trabajo para analizar y revisar el sistema de financiación autonómica. El ministro señaló que se podrá constituir cuando se liquide el segundo año del modelo, lo que tendrá lugar el próximo mes de julio.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal, explicó que solo se ha opuesto a este objetivo una comunidad autónoma (Andalucía), mientras que otras dos se han abstenido (Cataluña y Canarias).
Montoro consideró «muy positivo» el resultado del CPFF porque manda un «claro mensaje de confianza» al demostrar que todas las administraciones españolas se han comprometido a reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.
A su parecer, la votación manda un buen mensaje a ciudadanos, agentes económicos, socios europeos e inversores internacionales. «Todas lo han entendido menos una», señaló Montoro, tras lamentar la votación de Andalucía, que se ha opuesto a la austeridad en el gasto público «necesaria» para salir «cuanto antes» de la crisis. Montoro afirmó que no ha tratado con las comunidades medidas concretas para reducir el déficit y recordó que hay un grupo de trabajo formado al amparo del CPFF para plantear este tipo de iniciativas. «Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer en casa», dijo, tras dejar claro que no todo es responsabilidad del Gobierno. Además, el ministro tampoco ha aclarado si el Gobierno limitará las entregas a cuenta a las comunidades al asegurar que las cifras son aún provisionales y que están sujetas a los Presupuestos del Estado para este año.
