La región podrá recibir fondos del Estado para bonificaciones empresariales

Seis autonomías están legalmente capacitadas para solicitar el traspaso

 

MADRID, EFE El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró ayer que el acuerdo de transferencia de bonificaciones empresariales al País Vasco «abre un camino» para las Comunidades Autónomas que legalmente puedan solicitar también este traspaso, entre ellas Castilla y León.


Así lo aseguró durante una rueda de prensa en la que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, negó rotundamente que con esta transferencia se rompa la caja única de la Seguridad Social.


Granado explicó que las bonificaciones son una partida que sale de los Presupuestos Generales del Estado y recordó que «todas las CCAA ya tienen incentivos al empleo» que están vinculados al cumplimiento del pago de las cotizaciones de empresas a la Seguridad Social.


Zarrías, que dijo que el acuerdo con el PNV es «transparente» y «cristalino», señaló que dependiendo del Estatuto de Autonomía que tengan las CCAA, las que lo soliciten podrán «sumarse» a la gestión de las bonificaciones, al tiempo que avanzó que en la actualidad ya las podrían solicitar seis comunidades que son Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia, Aragón, y Castilla y Leon.


Granado fue tajante al asegurar que la Seguridad Social «no se verá afectada por la pérdida de un sólo euro de sus ingresos» y se mostró a favor de «unificar» políticas.


En este sentido dijo que el acuerdo con el Gobierno vasco irá permitiendo una gestión «más ordenada» de las bonificaciones establecidas en la ley estatal, sin alterar la Caja de la Seguridad social, ya que «ni de lejos» el acuerdo «roza su unidad».


Además, explicó que según el principio de solidaridad financiera Euskadi compensará el «uso» que haga de las bonificaciones marcadas por la legislación estatal, aunque no precisó cómo se establecerá ese mecanismo.


Dijo que podría ser a través de un proceso de compensación de flujos de ingresos y gastos o de certificación mensual, al tiempo que precisó que en caso de que en el futuro la gestión la soliciten otras comunidades con régimen común «sería mucho más fácil y se haría a través del Tesoro Público».

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