El juez Antonio Pedreira, que instruye el «caso Gürtel» en Madrid, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y León, indicaron a «Europa Press» fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes señalaron que una de las adjudicaciones se refiere a un centro de residuos en Salamanca, cuya construcción se adjudicó por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la red corrupta. Al respecto de esta adjudicación, la Cadena Ser en su edición digital informó que, según la Policía, la mediación de Francisco Correa y sus amigos recibió una recompesa de 600.000 euros, aunque sólo se percibieron 385.000 euros.

También según hacía público ayer la Ser, el informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía señala que Correa y los que fueran altos cargos del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote presuntamente recibieron 60.000 euros cada uno. Una quinta persona que responde a la iniciales CL-S, según la emisora, obtuvo 144.200 euros. La información difundida por la emisora asegura que la Policía cree que las siglas CL corresponden a Castilla y León mientras que la S, supuestamente sería la inicial de Silvia Clemente, la consejera de Medio Ambiente de la Junta y que en la actualidad es la titular de la Consejería de Agricultura.

Otra de las adjudicaciones se relaciona con la variante de Villanueva de Mena. Ésta se construyó cuando el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, era consejero de Fomento. El alcance de la trama a la Junta de Castilla y León ya estaba patente en el sumario. Así, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba ( León) por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) al jefe de la trama, Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.