La Consejería de Agricultura y Ganadería se mostró crítica con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) por los criterios utilizados para el reparto de los fondos previstos en la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural en España 2011-2015, que "perjudican" a Castilla y León. Según detalló a Ical la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, la Comunidad dispondrá del 17,4 por ciento del total nacional, cuando tiene casi la mitad de los municipios a revitalizar, es decir, 1.768 de los 4.215 del país.

Pascual informó de que Castilla y León recibirá 162,62 millones de euros del Estado (precisamente ese 17,4 por ciento), a lo que se suma la misma cantidad que aportará la propia Administración regional. Serán 325,24 millones en total, que se invertirán en proyectos de desarrollo rural durante el próximo quinquenio, a razón de 64 millones anuales, aproximadamente.

Al respecto, la viceconsejera denunció que Andalucía, a la que el MARM sólo le ha reconocido 273 núcleos a revitalizar, percibirá el 15,5 por ciento del presupuesto, sólo dos puntos porcentuales por debajo de la región, cuando tiene "muchos menos municipios en este apartado". "¿Cómo lo han hecho? Han buscado los criterios que les interesa, para favorecer a unos y perjudicar a otros, en este caso a Castilla y León", lamentó.

Y es que Pascual enumeró algunos de los criterios que argumenta el Ministerio y que, a su juicio, "son injustos y no tienen lógica". En primer lugar, el número de municipios y la superficie sólo tienen un peso del cinco por ciento en el reparto, "con lo que Castilla y León queda ya apartada, porque era el marco en el que más podía recibir". A ello se une la significación que tiene la tendencia de la población, la dispersión, la distancia de los pequeños pueblos a núcleos de más de 30.000 habitantes, bajos niveles de renta o aislamiento demográfico, entre otros. "Son criterios que han reducido la percepción de Castilla y León, porque si no, regiones como Madrid no recibirían nada", dijo, para añadir que el porcentaje mínimo debería haberse situado, por las características de la Comunidad, al menos en el 25 por ciento del total, frente al 17,4.

Próximo protocolo

En todo caso, Pascual aseguró que "esto es mejor que nada" y que la Consejería de Agricultura y Ganadería se muestra agradecida de recibir una parte. Por ello, el desarrollo normativo de esta Ley seguirá adelante y pudo avanzar que en próximas fechas, probablemente antes de finalizar este mes de septiembre, la consejera del ramo, Silvia Clemente, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, suscribirán el protocolo de colaboración para la aplicación en la región de la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural.

De forma paralela, María Jesús Pascual manifestó que la Consejería elabora en la actualidad los planes de cada una de las 28 zonas a revitalizar, que son "prioritarias", que tienen que estar concluidos antes del 12 de diciembre para poder aplicarse a partir del próximo ejercicio. Igualmente, destacó que el proceso para la aprobación definitiva de la Ley "sigue el mismo ritmo" que otras comunidades autónomas, "por mucho que critiquen desde el PSOE".