Valladolid, Ical/Efe

La Junta de Castilla y León asegura que la caja resultante de la fusión entre Duero y España, la primera entidad financiera de la Comunidad Autónoma, está más comprometida con los intereses regionales y dará una respuesta adecuada a las necesidades de crédito de las familias, empresas y nuevos emprendedores y a los ahorradores.

Así lo expuso el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, al informar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del acuerdo por el que se autoriza la fusión entre Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), mediante la creación de una nueva Caja de Ahorros que se denominará Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, cuya sede social está en León y la ejecutiva en Salamanca.

«Se da un importante paso que hace dos años no podíamos soñar», valoró el consejero portavoz, en referencia a que las dos cajas más potentes de la Comunidad hayan acordado la fusión, para la creación de la primera entidad financiera de la Comunidad y la sexta de España.

Con este paso en la reestructuración del sistema financiero, proceso por el que apostó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que abrió el debate en el otoño de 2007 al proponer a las fuerzas políticas y sociales caminar hacia un acuerdo para lograr mayor «músculo financiero», se consigue una caja «más solvente, eficiente y rentable», pero también «más moderna y profesionalizada y más comprometida con los intereses de Castilla y León», valoró De Santiago-Juárez.

El Ejecutivo regional acordó también ayer los Estatutos y el reglamento de procedimiento para la elección y designación de los miembros de los órganos de Gobierno de la nueva entidad surgida de la fusión, en los mismos términos en que fueron aprobados por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de las entidades fusionadas, celebradas el 5 de junio de 2010. La nueva Caja de Ahorros, con domicilio social en León y sede ejecutiva en Salamanca, mantiene las finalidades fundacionales de las cajas fusionadas, al tiempo que refuerza su consistencia, eficiencia y solidez financiera, convirtiéndose con unos 46.000 millones de euros en la sexta caja de ahorros española en función del tamaño de su activo, pudiendo quedar como séptima u octava caja española si finalmente culminan otros proyectos de fusión que han sido planteados con posterioridad. También, se convierte en la entidad líder en la región, otorgando más de 15.000 millones de euros de crédito a los residentes en Castilla y León, lo que supone más del 20 por ciento del total concedido por el conjunto de las entidades de depósito en la Comunidad, y recibiendo cerca de 17.000 millones de euros en depósitos de esos mismos residentes, lo que supone el 26% del total depositado en el conjunto de las entidades de depósito en Castilla y León.

El acuerdo de fusión respeta el periodo transitorio de dos años que se han dado ambas cajas para la renovación de sus órganos de gobierno, mientras que en el resto de cajas se celebrarán elecciones entre los meses de enero y febrero de 2011, conforme al decreto ley de modificación de la Ley de Cajas, aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno. Ante las críticas del alcalde de León y vicepresidente de Caja España, Francisco Fernández (PSOE), en las que acusó a la Junta de hacer una ley «a dedo» para impedir que el actual presidente de la entidad, Santos Llamas, se pueda mantener en el cargo, el consejero portavoz le respondió ayer que el Gobierno regional está obligado a trasladar al ámbito autonómico la ley estatal básica. «Si no le gusta, lo sentimos mucho», afirmó De Santiago, quien se mostró convencido de que los ciudadanos apoyan que se camine hacia la profesionalización de las cajas, al tiempo que le recordó que el decreto ley «no dice de dónde tiene que ser el presidente» de la entidad fusionada, en referencia a la aseveración del regidor de que el titular de la nueva caja debe ser de León.