Limita la presencia política

La Junta aumenta la incompatibilidad para presidir cajas

La nueva norma prohíbe que el presidente o miembros del consejo tengan operaciones, créditos, aval o garantías con la entidad participada

 
Santiago-Juárez acompañado del consejero de economía, Villanueva, ayer en el Consejo.
Santiago-Juárez acompañado del consejero de economía, Villanueva, ayer en el Consejo. Foto Ical

VALLADOLID, ICAL El Gobierno regional acordó ayer, mediante un decreto ley que deberán convalidar las Cortes, reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y endurecer el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas de Castilla y León, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones financieras vinculadas a la caja participada. Con la entrada en vigor de esta normativa, las entidades de ahorro de la Comunidad, excepto la resultante de la fusión entre Duero y España, celebrarán entre los meses de enero y febrero el proceso electoral para renovar a sus órganos rectores.


Estas son las principales novedades del decreto ley que traspone la legislación básica estatal, aprobada el pasado mes de julio, al ámbito autonómico, según explicó el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno.


A la incompatibilidad estatal sobre la presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar.


La normativa estatal reduce la presencia pública en los órganos rectores del 50 al 40 por ciento, cuyo 10 por ciento la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de interés colectivo. Así, impositores representarán en los órganos un 5 por ciento, al pasar del 32 actual al 37 por ciento, mientras que las entidades de interés general aumentan un 5 por ciento hasta llegar a un 10 por ciento total de presencia, cuyo del que la mitad (5%) se destina, por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social. Por otro lado, Cortes y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37 por ciento, con el 16 sobre el 15 para las primeras. También refuerza la norma autonómica la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en el sistema institucional de protección o la transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos en esa dirección.


Igualmente, el decreto ley regula un perfil más profesional para los miembros de los órganos rectores, de manera que el 50 por ciento de las personas propuestas por cada uno de los grupos de representación deberá tener conocimientos de alta administración, dirección, control o asesoramiento a través de trabajos realizados al menos durante cinco años en las entidades. Villanueva precisó que el decreto ley introduce una disposición transitoria en la que se respeta el periodo transitorio de dos años que han acordado Caja Duero y Caja España para elegir los órganos de gobierno de la nueva caja fusionada. Así, durante ese periodo podrán mantener sus miembros sin renovar, excepto de que ellos mismos sean los que aceleren este proceso. El resto de las cajas tendrán que celebrar el proceso electoral en los próximos seis meses por lo que el Gobierno regional prevé que este proceso tenga lugar en enero y febrero.

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