Los sindicatos exigen acreditación profesional para ayuda a domicilio

ICAL Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León solicitan a la Junta que ponga en marcha el sistema de cualificación derivado de la Ley de Dependencia de manera inmediata para proteger la labor que vienen desarrollando 5.000 trabajadores del sector de la ayuda a domicilio. Las centrales remitieron una propuesta al Ejecutivo autonómico para salvaguardar el empleo de estos profesionales ante la exigencia de la nueva normativa estatal de que cuenten con un certificado de profesionalidad de nivel 2, con una formación de 600 horas, que exige como requisito de acceso a la formación contar con un título de ESO o equivalente.

La mayoría de este colectivo de auxiliares de atención a domicilio cuenta con un carné profesional, fruto de las 315 horas de formación establecidas en 2002, y pactadas entre los agentes sociales y la Administración regional, teniendo como referente el certificado de profesionalidad vigente en aquel momento y su acomodación a la realidad del sector. Asimismo, una gran parte de estos trabajadores cuenta con una experiencia superior a tres años.

En este contexto, CCOO y UGT reclaman a la Junta que ponga en marcha inmediatamente el sistema de acreditación de la experiencia y la formación informal, ya que permitiría a estos empleados obtener el certificado correspondiente para seguir ejerciendo su profesión sin tener que iniciar la formación completa a partir de ahora. “Nuestro principal objetivo es doble, que no se produzca una pérdida de empleo entre los actuales trabajadores y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en cuanto a la formación”, explican.

Así, las centrales plantean una formación complementaria de 90 horas para los empleados del sector con el carné profesional y con la exigencia de un mínimo de tres años de experiencia por trabajador, para obtener directamente el nuevo certificado de profesionalidad. “Entendemos de la mayor necesidad abordar cuanto antes un proceso específico de acreditación de la experiencia”, señalaron, para aclarar que la Junta cuenta con un plazo hasta agosto de este año para ponerlo en marcha.

Y es que la Ley de Dependencia exige que en 2011, el 35 por ciento de los empleados cuente con esa formación, hasta lograr la totalidad en 2015, aunque se aclara que el porcentaje inicial se podrá reducir un 50 por ciento “cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo en la zona, que reúnan los requisitos de cualificación profesional”.

CCOO y UGT entienden que es preciso que se pacten unos patrones comunes de reconocimiento del tiempo de experiencia en el sector, así como comparar las formaciones otorgadas desde la Comunidad, y la exigida ahora por el Gobierno. El reto es definir qué parte del certificado es de convalidación directa y establecer, con la restante, un programa formativo común, a desarrollar por las trabajadores afectadas durante los próximos meses, con el horizonte de 2015.

Los sindicatos insisten en la necesidad de que el Gobierno autonómico ponga en marcha el dispositivo de acreditación de la experiencia en los próximos meses, ya que el nuevo certificado es de 600 horas “y puede ser complicado realizarlo completo para las personas que están trabajando”. Asimismo, consideran “otro problema” que en estos momentos para obtener un certificado de nivel 2 se exige, como requisito de acceso a la formación, “por una interpretación exorbitante de los derechos que los regulan, tener título de la ESO o equivalente, “título del que en la práctica carecen buena parte de los trabajadores de este colectivo”.

Fuentes de CCOO explicaron, que desde el Gobierno regional podrían barajar la posibilidad de que la Consejería de Familia de la Junta saque una normativa en esta materia que permita seguir con su labor al colectivo, que actualmente está trabajando. La central entiende que esto solucionaría el problema del empleo de estos trabajadores, pero “debería completarse” con el reconocimiento de su formación, por su equivalencia con la del antiguo certificado de profesionalidad, a efectos de que los que desearan hacerla valer en las convocatorias de acreditación de la experiencia profesional y la formación no formal, pudieran hacerlo con las suficientes garantías. Y es que el sindicato considera que es necesario que todos estos empleados cuenten con un certificado oficial, para poder ejercer su profesión en cualquier empresa, si decide cambiar de empleo.

Asimismo, CCOO exige además que la convocatoria supraautonómica de reconocimiento de la experiencia, prevista para este año, se complete con otras nuevas en los próximos ejercicios, “para dar la oportunidad de acceder a esa acreditación al mayor número posible de trabajadores interesados en ver reconocida y certificada su cualificación”.