VALLADOLID, ICAL
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León que a través de un texto «completo y coherente» coordinará las diferentes normativas y dotará de «mayor seguridad jurídica» a los ciudadanos, según explicó el consejero de Fomento, Antonio Silván, que compareció al término de la reunión de consejeros.
Entre las novedades de esta nueva norma está la de la lucha contra el fraude, con sanciones a los promotores de hasta 90.000 euros, así como la obligación de que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes elaboren un plan de vivienda. Se trata de una ley «necesaria» para actualizar y ordenar la legislación, articular competencias recurrentes, coordinar la normativa relacionada y alcanzar un mercado inmobiliario ágil y transparente con reglas para los promotores y derechos para los compradores y arrendatarios. El proyecto de Ley será remitido a las Cortes para su tramitación y posterior aprobación. Silván recordó que esta Ley es una prioridad del Gobierno de Castilla y León, y garantiza los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la calidad y habitabilidad.