Garzón denuncia que hay «muchas personas» que han pasado el límite de lo «asumible y aceptable»

SALAMANCA, ICAL El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se refirió ayer en Salamanca a los procedimientos judiciales abiertos contra su persona y afirmó que, aunque no se siente «acosado», porque es un término «muy relativo», hay «muchas personas y algunos en particular» que han pasado el límite de lo «asumible y de lo aceptable» en un Estado de Derecho.

Garzón, que participó en una mesa redonda sobre corrupción en el XXII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, afirmó que en estas iniciativas hay «unos intereses que no se comparecen bien con la Justicia». Ante esta situación, apuntó que no se siente «acosado» en el desempeño de su trabajo ni en el desarrollo de sus funciones normales.

Asimismo, manifestó su respeto a las acciones judiciales, aunque no las comparta, porque recordó que es «un ciudadano normal», que aspira a tener las garantías que todos los ciudadanos tienen ante la Administración de Justicia. Garzón agregó que cree en las instituciones judiciales y avanzó que tras las decisiones que se tomen «quedará clarificada toda la situación».

De momento, confesó que «no es agradable» esta situación porque en su opinión es «muy injusta», por lo que avanzó que procurará demostrar su inocencia, al tiempo que explicó que ya han «combatido» con los recursos correspondientes dichas querellas y afirmó que seguirán aportando los elementos de prueba correspondientes para demostrar «la falta de fundamento» de esas acusaciones.

El juez opinó que cualquier ciudadano puede ser investigado y no pasa «absolutamente» nada y por ese motivo abogó por «elevar a la categoría de normal, lo que es normal, aunque no sea agradable». Por último, reiteró su «confianza plena» en la actuación de la Justicia y recordó que por encima de las acciones penales en su contra están su «amor» por la Justicia y las convicciones que ha tenido durante más de 29 años ejerciendo su profesión.

Los especialistas en Derecho Penal que ayer se dieron cita en el inicio de la segunda jornada del XXII Congreso sobre la materia que se celebra en Salamanca coincidieron al señalar la necesidad de una mayor transparencia en el ámbito de la función pública con el objetivo de evitar que proliferen los casos de corrupción. Además, solicitaron una mayor implicación de los legisladores para que, en sucesivas reformas del código penal, tengan en cuenta los delitos cometidos en el entorno municipal y autonómico.

En esa línea, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla La Mancha, Adán Nieto, manifestó que la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la administración del Estado es «manifiestamente mejorable» puesto que contempla penalizaciones «que producen risa», como la dimisión o la imposibilidad de optar a un cargo público, «algo obvio», pero no establece ni sanciones económicas ni administrativas.

Nieto añadió que los niveles de transparencia en la vida pública «deben implementarse obligando a los cargos públicos a que declaren periódicamente sus ingresos y su patrimonio y también las situaciones de conflictos de intereses», un argumento con el que coincidió el profesor de la Universidad de Alicante, Isidoro Blanco, quien consideró que se debe controlar «mucho más» a quienes ocupan cargos de responsabilidad.