Firman un convenio para convertir 30.000 pisos libres en protegidos

VALLADOLID, ICAL La Junta de Castilla y León y el Gobierno central sellaron ayer en Valladolid el primer gran acuerdo en España que prevé la conversión del excedente de 30.000 viviendas libres en protegidas, que es la cifra que reúne los requisitos para poder convertirse en VPO y que numerosas familias de la Comunidad puedan acceder a su adquisición, aspecto que destacaron la titular del Ministro de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera.

El acuerdo fue definido como «ejemplar» por todas las partes, debido al consenso alcanzado entre dos administraciones de distinto color, junto con asociaciones e instituciones del ámbito inmobiliario: «Cuando todos, incluidas administraciones públicas de distintos colores, trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos. Este acuerdo es un buen ejemplo y abre el camino. Estamos demostrando que sí es posible el consenso. Es un camino en el que merece la pena profundizar», aseguró la ministra, un extremo en el que coincidió con el jefe del Ejecutivo regional. La situación de crisis que afecta a la economía y en concreto al sector inmobiliario ha motivado este acuerdo, para compensar el descenso de la demanda en la compra del viviendas de nueva construcción, y que lleva a un importante número de inmuebles sin habitar, alrededor de 40.000 en la Comunidad -de las que 30.000 son susceptibles de convertirse en VPO-. Herrera sostuvo ayer que la nueva Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que será presentada en las próximas semanas en las Cortes, establecerá «de forma ordenada y transparente» las condiciones necesarias «para estimular y no coartar», la promoción de viviendas en general, y en particular de VPO. Indicó que la norma responde a una planificación más ajustada a la demanda real de vivienda y perseguirá la racionalización del crecimiento residencial, de forma «que se haga compatible el ejercicio del derecho a una vivienda digna con un uso más sostenible y con más futuro del conjunto del suelo».