Apoyo unánime al derecho a una buena administración

VALLADOLID, AGENCIAS Todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León están de acuerdo en que los ciudadanos tienen derecho a una «buena» Administración, por lo que, de forma unánime, aprobaron ayer una ley autonómica que establece una serie de garantías en pos de ese objetivo.

La consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, defendió ante el pleno de las Cortes que la aprobación de la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración es un «paso adelante» en la interacción de la sociedad y los poderes públicos.

Alonso ensalzó el trabajo parlamentario desarrollado para llegar a un acuerdo sobre el contenido de la ley y remarcó que la «modernización» que busca esta norma repercutirá directamente en que se presten servicios «ágiles, accesibles y cercanos» a los ciudadanos.

La norma regula los derechos y garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica, entre los que figuran los derechos a recibir información, a un procedimiento administrativo imparcial y tramitado en plazo razonable, a acceder a documentos administrativos, y a formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos, entre otros.

También se dedica un apartado de la ley a reconocer el derecho a exigir responsabilidades por el incumplimiento de los derechos reconocidos por la propia Administración y, en concreto, se establece la posibilidad de que los particulares indemnizados insten a la acción de regreso frente a las autoridades o empleados responsables del daño cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave. Se regula también el conocido como «silencio administrativo», para que los ciudadanos tengan una «resolución expresa motivada» en el plazo convenido y se reduzca «en la medida de lo posible» el número de casos en los que la contestación de la Junta no llega a tiempo.

El texto se refiere también a la «obligación» de los órganos administrativos de la Junta de Castilla y León de colaborar con el Procurador del Común cuando esta institución intente recabar información sobre quejas de los ciudadanos hacia algún servicio prestado por la Administración autonómica.

El debate parlamentario lo mantuvieron el procurador socialista Óscar Sánchez y la popular Josefa García, quienes celebraron el grado de acuerdo alcanzado para aprobar la norma, pero que han protagonizado una metafórica discrepancia sobre la calidad «gastronómica» del proyecto de ley que elaboró la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León acordaron ayer, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, mostrar su apoyo a la Junta en su decisión de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica por la que se modifican las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial por la que se altera el régimen constitucional de las normas forales de carácter fiscal y, asimismo, le instan a que dé traslado del acuerdo al Gobierno de España.

De este modo, el Parlamento regional apoya el recurso de la Junta contra el blindaje del cupo vasco, aprobado en las Cortes generales el pasado 10 de febrero con el apoyo de 12 diputados y senadores socialistas de Castilla y León, recordó durante la defensa de la Proposición no de Ley el procurador del PP Jesús Encabo, quien mantuvo que «el daño ya está hecho». Este blindaje supone, reiteró, «alterar el régimen jurisdiccional» y señaló que esta ley es «claramente inconstitucional» en cuanto a que es contraria al bloque de la Constitución 161, primero donde refleja que «vulnera gravemente» el Estatuto de Autonomía del País Vasco que establece que el Parlamento vasco es el único con la facultad de promulgar leyes.

Por último, los grupos popular y socialista se unieron para trasladar al Gobierno de Zapatero la declaración firmada por la Junta y las opas en la que se recoge el carácter estratégico del campo, se pide el liderazgo decidido del Ejecutivo central para defender las ayudas a partir de 2014, cuando se debe aprobar una Política Agraria Común (PAC) reforzada y se reclama un plan económico.