Centaurea, Ecologistas en Acción y CCOO, en contra

ICAL Las asociaciones Centaurea, Ecologistas en Acción y el sindicato Comisiones Obreras alertaron hoy a los alcaldes y concejales de Campo de San Pedro, Fresno de Cantespino, Bernuy de Porreros y de cualquier otro municipio que pueda estar planteándose presentarse como candidato a albergar el cementerio de residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas y su centro de experimentación nuclear asociado, que "esas instalaciones traerán la muerte económica y social a sus comarcas". Asimismo, estas asociaciones advierten de que si ubican esta infraestructura "alejarán cualquier posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sano y sostenible en sus pueblos, y expondrán inevitablemente a las personas y al medio ambiente a graves e innecesarios riesgos".

El cementerio nuclear, aseguran "ahuyentará cualquier iniciativa de desarrollo alternativo en el municipio que lo albergue y en su comarca, y perjudicará la viabilidad de otras existentes como sería el caso de la ´Ciudad Bioclimática´ en Bernuy de Porreros". Asimismo, sostienen que debido al alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años, y su elevado potencial radiotóxico, la mera existencia de los residuos radiactivos de alta actividad supone un grave problema ambiental, económico y de salud pública, que la industria nuclear "no ha sabido resolver durante sus 50 años de existencia".

Comisiones Obreras, Centaurea y Ecologistas en Acción manifiestan su rechazo al denominado ´Centro Tecnológico Asociado´ al ATC, una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación. Implicaría tener que construir y albergar un reactor nuclear transmutador, instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos de accidentes nucleares y escapes de radiactividad inherentes a su funcionamiento, y generación de nuevos residuos.

A estos riesgos, prosiguen, "hay que sumar los derivados de la presencia, manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior de la instalación ATC, así como los previos de los transportes de esos residuos radiactivos desde las centrales nucleares al ATC".

Además de advertir del negativo impacto que el cementerio nuclear y su centro de experimentación tendrán para la salud pública y el medio ambiente, a causa de sus emisiones rutinarias de radiactividad y de posibles accidentes, estas organizaciones destacan el hecho de que el proceso de búsqueda de candidatos para el cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad, se está haciendo "sin transparencia, de forma secretista y a espaldas de los ciudadanos".

"Si el cementerio nuclear fuera una instalación con tantas virtudes, tan inofensiva y tan limpia como quieren hacernos creer desde Enresa y el Ministerio de Industria, no se actuaría con secretismo, ni se estaría negociando con algunos alcaldes a escondidas, al contrario, estarían pugnando por el almacén hasta las grandes ciudades", señalan estas organizaciones. "Ojalá ningún municipio caiga en la trampa que están tendiendo desde el Ministerio de industria y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Eenresa)", añadieron.

Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción y Centaurea critican la estrategia del ministro Sebastián consistente en tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de Enresa) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, "sin importar si ese consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su entorno y la de su comunidad autónoma".

Para estas organizaciones, un problema de primer orden de magnitud desde el punto de vista social, ambiental y económico, "no se puede resolver sin un previo consenso social y político". Para que ese consenso se logre mantienen que deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas y sindicales.

Por último, recuerdan que diversos parlamentos autonómicos (el parlamento catalán, las Cortes valencianas, la Asamblea de Extremadura, el parlamento gallego, el aragonés…), diversos presidentes autonómicos (el de Castilla y León, el de Castilla-La Mancha, Andalucía…), y numerosas diputaciones provinciales, consejos comarcales y ayuntamientos han mostrado un rotundo rechazo al ATC.