´Castilla y León tiene muchas carencias en justicia´

ALICIA MORAGO/ ICAL Fernando Martín es el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Palencia desde mayo de 2007 y desde el pasado mes de noviembre es también miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este vallisoletano de 42 años afronta el año con la responsabilidad de haber sido el magistrado más votado en las elecciones a la Sala de Gobierno, con un total de 123 votos. La convocatoria estuvo marcada por una elevadísima participación –más de 80 por ciento-, y en la candidatura de los jueces no asociados, en la que iba Martín, consiguió revalidar a 13 de los 14 miembros electos de la Sala, un logro que obtuvieron hace ahora cinco años y que, según explica, tiene como objetivo dar voz a los jueces que no pertenecen a las asociaciones mayoritarias.

¿Cómo ha recibido ser el juez más votado entre sus propios compañeros?

Yo creo que ha sido por lo que hicieron mis compañeros anteriormente. Estoy seguro.

¿Cómo valora ahora que de nuevo la candidatura de jueces no asociados haya conseguido tener a 13 de los 14 miembros electos de la Sala de Gobierno?

La mayoría de la gente de la carrera judicial lo que quiere es que se les tenga en cuenta. Y entienden que sólo con lo la representación de Jueces para la Democracia (JPD) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no se tenían en cuentan las distintas formas de pensar y las distintas sensibilidades. Lo bueno es que todas tengan su posibilidad de manifestarse. Creo que eso es lo que ha elegido la gente.

¿Considera que estos resultados fueron un varapalo para las asociaciones mayoritarias, la APM y la JPD?

Yo no lo llamaría varapalo, más bien un toque de atención para que tengan en cuenta que hay que tener en consideración otros puntos de vista.

Como consecuencia de ello, ¿se cuestiona que la Presidencia del TSJ esté en manos de un miembro de la APM?

No, porque eso es una cuestión que va a decidir el Consejo General del Poder Judicial y tiene muy claras las representaciones. Por el sistema que se ha elegido están APM y JPD y poco más y es una decisión del Consejo. Yo creo que no se lo van a cuestionar. Es muy poco común que haya un nombramiento de jueces no asociados. Dentro de los magistrados no asociados tampoco nos hemos planteado trasladar al CGPJ que valore esta situación, aunque no sé si se hará en el futuro. Lo que queremos es que se tenga en cuenta la voz de los no asociados, pero quien va a decidir al final es el Consejo y, tal y como está constituido y llevan a cabo los nombramientos, plantear otra cosa es casi utópico. Hay que ser realista.

Desde hace cinco años tienen 13 de los 14 miembros electos en la Sala de Gobierno, ¿En qué se ha notado esa diferencia y qué pretenden hacer este mandato?

Seguiremos en la misma línea que hasta ahora, sobre todo, de dar publicidad a todo lo que se decida. Y luego, dar la oportunidad de participar en todas las cuestiones que haya que intervenir a todos los jueces y magistrados del territorio. Esto es fundamental y en ello creo que se ha avanzado estos cinco años. Lo que se intenta ahora, dentro de las limitadas funciones de la Sala de Gobierno, es que se dé voz a todo el mundo, asociados y no asociados. En la Permanente, que somos siete miembros, las decisiones se toman por mayoría y no se trata de ir contra nadie, sino de decidir lo más beneficioso para la carrera. Esto no es el Parlamento, no se trata de hacer mayoría.

¿El triunfo de esta candidatura cree que contribuye de alguna manera a las despolitización de la justicia?

Nuestra pretensión es que no se vinculen reivindicaciones profesionales con las directrices políticas. Son cuestiones distintas. Por una parte está la política y, por otra, la defensa de los intereses profesionales y ahí deberían estar todos los jueces de acuerdo. Todos, en el fondo, tenemos las mismas preocupaciones y ahí todos debemos estar de acuerdo. Todo el mundo quiere que se despolitice, que no se identifique que una cosa que ha dicho el PSOE va a tener el voto a favor Jueces para la Democracia y algo que dice el PP, el de la Asociación Profesional de la Magistratura.

A finales de 2009, los presidentes del TSJ y el del Colegio de la Abogacía de Castilla y León firmaron un convenio para solventar los problemas del funcionamiento de los órganos judiciales en la Comunidad, ¿cuáles serán sus efectos positivos?

Soy fundamentalmente empírico. La intención es buena: que se vean las disfunciones que se advierten en la administración de justicia para solventarlas, viéndolas desde el otro lado de la mesa. Si se ven las disfunciones y se pueden corregir sería beneficioso, pero habrá que esperar a que empiece a funcionar y ver los resultados prácticos que se pueden obtener porque muchas veces los problemas son cuestión de dinero.

En este punto, considera que la asunción de las competencias resulta clave para que la mejora de la justicia y poder contar así con unos medios propios del siglo XXI?

En casi todos los sitios están transferidas pero, al final, es una cuestión de dinero. Si Castilla y León o el Gobierno central deciden destinar los medios suficientes para que esto funcione lo hará, pero si ambas administraciones no lo hacen, estén transferidas o no las competencias, no va a funcionar. Si se hace una transferencia de competencias sin los recursos económicos suficientes para que tenga efectividad quedará en papel mojado e incluso sería peor que dependiendo del Ejecutivo central porque no tendría ningún efecto. Al final, es una cuestión de poner medios.

Sin embargo, la Comunidad adolece de una falta importante de medios materiales y humanos y la solución podría pasar por tener esas competencias

Castilla y León tiene muchas carencias, pero lo que no sé es si transfiriendo las competencias a la Comunidad esas deficiencias se van a solventar. Es una cuestión de tesorería, no sé si la región, con las competencias asumidas, va a disponer de los recursos necesarios. La región necesita fundamentalmente edificios y unidades judiciales, con sus correspondientes funcionarios, eso está clarísimo. En general, en España habría que llegar a la media de los países europeos en cuanto a la ratio de juez por habitante.

¿Qué opinión le merece la sentencia sobre los crucifijos en los colegios dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León?

No me pronuncio, yo no entro a valorarla. Yo creo que es una resolución judicial que ha adoptado un órgano valorando lo que sucedía en el caso concreto y la jurisprudencia que existe y hay que estar a ella.

Sobre otra cuestión espinosa que afecta a la imagen de la justicia, ¿qué le parecen las declaraciones políticas ante una inminente sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña?

Yo creo que no deberían realizarse manifestaciones referentes a la actuación del TC. Deberían dejarle trabajar y cuando resolviera se pudiera criticar u opinar. Se están haciendo, por todos los lados, muchas valoraciones que no deberían hacerse. No obstante, creo que a los magistrados no les va a influir, porque si están donde están es porque pueden soportar esas tensiones. Yo entiendo que van a decidir conforme a los razonamientos jurídicos, no en función de una posible adscripción política.

¿Y sobre el retraso en una cuestión tan importante?

Evidentemente el retraso siempre da una imagen negativa de la justicia. Pero supongo que será muy complicado dictar una sentencia en este asunto. Es una cuestión que tiene mucha trascendencia y mucha miga y que a lo mejor jurídicamente no está nada clara. Pero la mala imagen del retraso es evidente, eso no se puede negar. No obstante, las dilaciones en el funcionamiento del día a día se deben al volumen de trabajo y la falta de medios.

¿Qué opinión tienen los jueces no asociados sobre el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial?

Yo creo que la designación de los miembros del Consejo debería ser a través de una elección por parte de los propios jueces y con listas abiertas y no bloqueadas. Eso realmente no es viable porque han estado tanto el PSOE como el PP en el Gobierno y no han querido cambiarlo. Evidentemente no hay voluntad política de cambiarlo y al final es una decisión política. Un cambio sería beneficioso para dar una imagen de independencia de la justicia. La mujer del césar no sólo tiene que ser honrada sino además parecerlo. Este cambio también sería extensivo para la elección de los miembros del Constitucional, pero el problema es que el TC siempre se ha elegido así, peor yo creo que sería conveniente que se cambiara, aunque es mucho más complicado, y que sus miembros se eligieran como ahora los del Supremo, por parte del CGPJ, que sería lo más representativo, lo más adecuado para evitar las sospechas de interferencias del poder político en las decisiones judiciales, ya que los magistrados del Consejo habrían sido designados previamente entre los propios jueces.