El PSOE reabre el debate sobre las medidas anticrisis

V.A./ ICAL La oposición socialista en las Cortes quiere que se reabra el debate sobre el grado de desarrollo de las 27 medidas anticrisis aprobadas por la Junta en mayo de 2008 y pide al Gobierno de Juan Vicente Herrera que realice una evaluación sobre su cumplimiento, después de comprobar que diez de ellas ni se han ejecutado ni lo harán en el futuro, ocho eran de gestión ordinaria y no extraordinaria y siete se han puesto en marcha con financiación del Ejecutivo central.

El Gobierno regional acordó en mayo de 2008 un conjunto de 27 medidas para reactivar e impulsar la economía de Castilla y León con una dotación de 6.000 millones de euros hasta 2011, entre las que destacan la inversión pública, la agilización de ayudas a agentes y empresas y el impulso a la iniciativa privada con una reflexión sobre la revisión de los horarios comerciales. En marzo de 2009, el presidente de la Junta compareció en las Cortes para valorar las medidas y aseguró que todas ellas se habían puesto en marcha.

Esta aseveración ha motivado un análisis y seguimiento del Grupo Socialista, que ha elaborado un informe específico con la documentación remitida por la Junta, conocido por la Agencia Ical, en el que se detalla que diez, el 37 por ciento de las medidas, no sólo no se han cumplido, sino que será difícil que se puedan ejecutar en el futuro, mientras que el resto tienen un grado distinto de desarrollo, algunas con retraso de un año en su puesta en marcha.

"El deseo del Grupo Socialista es que se haga una evaluación y se presente en las Cortes", explicó a Ical el secretario general del grupo y procurador por Valladolid, Jorge Félix Alonso, para quien ese es el objetivo de la proposición no de ley que han presentado para su debate en el pleno de la Cámara. Alonso argumenta que recibieron con expectación la aprobación de estas medidas por parte de la Junta, pero casi un año y medio después creen que "han contribuido poco a que Castilla y León salga mejor de la crisis económica".

Sin embargo, el presidente de la Junta realizó un análisis de las mismas el pasado mes de marzo, cuando compareció a petición propia para valorar en qué grado de desarrollo se encontraban las propuestas de su Ejecutivo para paliar la crisis económica. "¿Mintió entonces el presidente?". Alonso responde que Herrera "pensaba que decía la verdad", pero matiza que habló de "una verdad a medias y no dijo toda la verdad".

Entre las medidas que no se han aplicado y será difícil su cumplimiento, el informe del Grupo Socialista incluye la anticipación de la licitación de enclaves logísticos –sólo se ha actuado en el de Palencia-; el aumento en un 40 por ciento de fondos públicos para I+D+i hasta llegar a 1.424 millones en cuatro años; el apoyo a la contratación del segundo y tercer trabajador por los autónomos de Castilla y León; la creación de una Oficina Virtual de Inversión en cada Delegación Territorial; la tramitación de las licencias de los proyectos de inversión en el año natural en que se complete el expediente, y la revisión de la normativa comercial sobre los horarios y días festivos de apertura.

Otro bloque de medidas las engloba en la gestión ordinaria de la Junta y, por tanto, entiende que no tienen el carácter de excepcionales ante la crisis. En ese grupo, recogen el programa de urbanización de suelo para la promoción de vivienda protegida; las inversiones en infraestructura medioambiental como agua, residuos o reforestación; inversiones en telecomunicaciones asociadas a la telefonía móvil, banda ancha y televisión digital terrestre; inversiones en materia de dependencia para el aumento de las plazas residenciales de mayores y personas con discapacidad; la puesta en marcha de un nuevo programa de orientación laboral, y el desarrollo de nuevos programas de desarrollo local con una inversión de 390 millones de euros.

Financiación del Gobierno

Las medidas que se han aplicado por contar con financiación del Gobierno, que en caso "contrario posiblemente no se habrían puesto en marcha", según el mismo informe, son la promoción de 24.000 viviendas protegidas; el plan de mejora de intermediación laboral con una aportación de 10,2 millones del Ejecutivo central; la creación de un programa mixto de formación y empleo; la formación u orientación para desempleados o el apoyo al autoempleo.

El Grupo Socialista bautiza con un "imposible evaluar" la medida en la que se habla de una especial atención en las líneas de apoyo a los inputs de la construcción y a todos los sectores con especial capacidad de crecimiento en Castilla y León, como la dependencia, el español como recurso económico, el turismo, la biotecnología y el sector aeroespacial.

Aunque con retraso, la oposición socialista recoge el cumplimiento de tres: la aprobación del nuevo Plan de Carreteras, la parte que le corresponde en las 24.000 viviendas protegidas y la licitación para ejecutar obras de infraestructura rural en redes de caminos rurales y en 20.000 nuevas hectáreas de regadíos.

Por todo ello, trascurridos 18 meses desde la aprobación, la oposición socialista entiende que "parece obligado" realizar un balance sobre el grado de aplicación de las 27 medidas y para actuar sobre aquellas que, siendo necesarias, tienen un menor desarrollo.

La Junta de Castilla y León presentó a finales de marzo de 2009 un balance, en el que figura la licitación de 1.028 millones de inversión en ese primer trimestre del año y la convocatoria de 2.084 millones de subvenciones en el mismo periodo, algo que valora como el cumplimiento antes del plazo previsto de las propuestas para la reactivación económica.