Piden la eliminación de los peajes de la AP-6 y la AP-51 por posibles irregularidades

P.G.R./ ICAL Comisiones Obreras y la organización ecologista Centaurea pidieron hoy al Gobierno que elimine los peajes de las autopistas AP-6 y AP-51 en Ávila y Segovia, después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya señalado que España incumplió las normas comunitarias en la adjudicación a Iberpistas de un contrato de obras para dos tramos de la AP-6 en estas dos provincias.

La actuación del TUE, señalaron Centaurea y CCOO, radica en una denuncia presentada en el año 2000 por estas dos organizaciones ante la Comisión Europea, que ha derivado en un contencioso por la adjudicación de la ampliación de la autopista A-6.

Así, el TUE cuestiona la adjudicación a Iberpistas de la ampliación de la autopista A-6, después de que CCOO y Centaurea denunciaran que la adjudicación obedecía a un acuerdo para prorrogar la gestión de los accesos a Madrid -desde todo el noroeste- en beneficio de Iberpistas, y que los ramales de Ávila y Segovia eran la coartada para conseguir la prórroga de la concesión del túnel de Guadarrama, verdadero objetivo de la operación.

"A la espera de un dictamen", señalan las dos organizaciones, "el Gobierno de España habrá de actuar en consecuencia", por lo que confían en que elimine el peaje de la Ap-6 y la AP-51 en Ávila y Segovia. Una sentencia condenatoria, señalan Centaurea y CCOO, "posibilita la anulación de la concesión y la posibilidad de que el Gobierno recupere la gestión sobre los nuevos tramos construidos".

Insisten en que "es el momento de establecer las condiciones para que la gestión de la A-6 redunde en beneficio de todos" y apuestan por que el Gobierno adopte "las medidas necesarias para que la anulación de la concesión posibilite la mejora de las comunicaciones y la eliminación de unos peajes que lastrarían la comunicación en exclusivo beneficio de Iberpistas".

Las dos organizaciones destacaron la importancia de la decisión del TUE sobre este asunto, ya que "marcará el futuro de las adjudicaciones públicas en la UE, puesto que es el primer caso en el que se cuestiona la concesión de una autopista". En España, el Tribunal Supremo deberá tomar en consideración la normativa europea sobre contratación pública e integrarla en sus decisiones.

También Izquierda Unida de Ávila se pronunció hoy sobre este asunto. El coordinador provincial de la coalición, José Alberto Novoa, acompañado por el diputado provincial y ex secretario provincial de Comisiones Obreras, Santiago Jiménez, anunciaron que presentarán una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 en la que solicitarán la revocación de la concesión de los peajes de la AP-6 y la AP-51 a Iberpistas.

Asimismo, desde IU consideran que ha llegado el momento de "pedir responsabilidades" a los políticos que permitieron entonces esta operación que, a su juicio, ha lastrado el desarrollo de Ávila.