VALLADOLID, ICAL
La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) rubricarán antes de que finalice el año el II Plan de Calidad de las Aguas, que tendrá una vigencia hasta el año 2015 y supondrá la inversión total de 1.050 millones, de los que el Gobierno central aportará 340 millones. Este programa, el segundo que se suscribirá en la cuenca del Duero, se cerrará en un encuentro entre responsables de las dos administraciones que tendrá lugar la próxima semana.
De esta forma, según anunció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la agencia Ical, este plan ha recibido en los últimos meses un «empujón definitivo» que permitirá que la ministra Elena Espinosa suscriba antes con los responsables autonómicos este segundo convenio para la cuenca del Duero, tras demorarse durante dos años su firma.
Este acontecimiento, será para Gato la «mejor noticia desde hace muchos años» en materia ambiental que recibe Castilla y León. Apuntó que la Comunidad podrá cumplir con los deberes que establecen la normativa europea y española y cuyo plazo de culminación espera en el año 2015. Recordó el presidente de la CHD que un 80 por ciento de las aguas residuales se depura adecuadamente aunque 100 municipios de más de 2.000 habitantes no cuentan con los sistemas exigidos aunque en 25 de ellos ya se han iniciado las obras de construcción de las obras. También lamentó que 1.700 poblaciones de menos de 2.000 habitantes no disponen de estaciones depuradoras.
Respecto al apartado presupuestario de este segundo plan de calidad de las aguas, Antonio Gato recordó que las competencias son estrictamente municipales por lo que corresponde, según la legislación de 1984, a las comunidades autónomas financiar los proyectos presentados por los ayuntamientos. Sin embargo, el presidente de la CHD valoró el compromiso del Gobierno central con esta materia a pesar de no ser «cometido» suyo acometer estas actuaciones. Así el Estado se asumirá un tercio de la inversión prevista (1.050 millones), es decir, unos 340 millones de euros.
