Herrera critica el blindaje del concierto vasco

VALLADOLID, ICAL El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, criticó el proyecto de blindaje del concierto vasco porque «supondría consolidar una situación de ventaja fiscal que resulta muy perjudicial para el desarrollo económico de Castilla y León». Así se refirió Herrera ayer en un artículo de opinión publicado en varios periódicos sobre la posibilidad de que el Gobierno central pueda decidirse a apoyar en los próximos días ese blindaje, «y hacerlo además como precio a pagar para conseguir votos para el futuro Presupuesto del Estado».

Asimismo, acusó al Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de que, siendo la autoridad fiscal en esta materia, «no se ha dignado hasta este instante a escuchar la opinión de esta Comunidad, a valorar los perjuicios que dicho blindaje le causaría, y a ofrecer las posibles reparaciones o compensaciones». Por ello, confió en que «el buen sentido» se imponga y el acuerdo no se produzca y, en todo caso, si se confirman los «peores temores», los socialistas de Castilla y León sean capaces de «orientarse por el interés de la Comunidad y de no someterse a ese desdichado proyecto», algo que a juicio de Herrera, sí hace el PP regional y la Junta.

Tras asegurar que este asunto «no es prudente, sino oportunista», con el objetivo de ser un precio a pagar a cambio de un futuro apoyo en la votación de los Presupuestos Generales del Estado, el jefe del Ejecutivo regional recordó que hace años se intentó algo similar y se topó con la negativa del entonces vicepresidente Pedro Solbes, «el mismo que acaba de reconocer que desgraciadamente el Gobierno actual está dispuesto a hacer cosas que él nunca hubiera hecho».

Herrera manifiesta en el artículo que la normativa fiscal que se aplica en el País Vasco no la aprueba la Comunidad Autónoma, sino las diputaciones de sus provincias o territorios históricos, que tienen la consideración de constitucional y normativa de administración local. E

n este sentido, el blindaje referido permitiría, según el presidente regional, que unas determinadas normas -las tributarias- de unas concretas administraciones -las diputaciones forales-, «estuvieran excluidas del control jurisdiccional ordinario al que se encuentran sometidas el resto de administraciones locales españolas, y eso sería ya una excepcionalidad».

Con el blindaje «se eliminaría» la legitimación activa de la región. «Es decir, esa garantía o compensación, lo que lisa y llanamente supondría imponernos una doble desventaja que no podemos consentir. Algunos afirman que ese blindaje favorecería la necesaria seguridad jurídica, se entiende que en el País Vasco y por la vía de evitar los actuales recursos a través de la jurisdicción ordinaria», opinó.

Pero la «auténtica seguridad jurídica» debe producirse, a juicio de Herrera, cuando las diputaciones forales vascas cumplan en sus «justos términos» las resoluciones expresas, tanto de los tribunales españoles como de los europeos, que determinan la ilegalidad de las normas tributarias forales que aprueban beneficios fiscales discriminatorios en el Impuesto de Sociedades, y «atenta, por tanto, contra la libre competencia».