El Centro Cívico y Social de El Ferial, un edificio que fue concebido como sede de asociaciones y que a día de hoy solo es utilizado en su planta baja, requerirá un gasto superior a 200.000 euros para adecuarlo a la normativa de Industria, incluso para cumplir las más elementales normas de seguridad, y poder utilizarlo.
El edificio fue concluido y recibido con un número importante de carencias legales, sobre todo en relación a la normativa de aplicación exigible por el Servicio Territorial de Industria para un inmueble público de estas características, normativa que tiene que ver con la seguridad fundamentalmente. Así lo denunció el actual equipo de Gobierno en septiembre de 2015 y así ha quedado corroborado ahora en una memoria que detalla todas las actuaciones que serán precisas para su puesta en funcionamiento.
El equipo de Gobierno mantiene su previsión de convertir el inmueble en sede administrativa municipal, incluso compartiendo espacio para la prestación de servicios de la Junta de Castilla y León.
Pero antes tendrá que gastar 126.000 euros en obra civil y los trabajos van desde cambios en la tabiquería hasta intervenciones en el forjado y en la estructura del edificio.
Llama la atención que el Centro Cívico se finalizase y se abriese parcialmente sin una escalera de evacuación que comunique las plantas, una segunda salida en fachada y las medidas anti incendios exigibles, como así le ha exigido Industria y se recoge en las memorias redactadas. De hecho, el Ayuntamiento acaba de licitar un contrato de suministro de extintores por importe de 24.000 euros porque el Centro Cívico carece de bocas de incendio equipadas (BIES), de sistema de alarma y de sistema de detección de incendios.
El equipo de Gobierno mantiene en todo caso su anunciada intención de convertir el edificio en sede municipal de todos los servicios locales (dejando los inmuebles de la plaza Mayor y de la plaza del Grano como edificios institucionales), incluyendo la acomodación de un espacio para el servicio de emergencias 112 como ha pedido la Junta de Castilla y León, a la que ha solicitado colaboración económica para poder afrontar la inversión que requerirá adaptar el edificio para que cumpla con toda la normativa exigible.
