La expropiación de 686 metros cuadrados en las calles Catalanas y Zafra ha entrado en la vía de urgencia. El Ayuntamiento ha dictado providencia de inicio de ejecución del proyecto expropiatorio, al que sucederá de forma inmediata la ejecución del proyecto de urbanización, valorado en unos 40.000 euros.

El Ayuntamiento confía en ser propietario del terreno mucho antes de que tenga lugar la vista en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora a partir de la demanda de los propietarios colindantes, poniendo así fin al conflicto urbanístico. El juicio está señalado para el mes de octubre y el Ayuntamiento no tocará las vallas colocadas por la propiedad, pero una vez que ingrese el valor del justiprecio a la propiedad actuará como nuevo propietario desarrollando el vial tal y como está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana.

Los informes urbanísticos y jurídicos avalan la legitimidad de la expropiación. El Plan General de Ordenación Urbana de Benavente delimita un ámbito de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, de iniciativa privada, que constituye la Unidad de Actuación "El Tejar II".

Entre los objetivos de la ordenación que el PGOU prevé para este ámbito se encuentra la conexión de los nuevos desarrollos al norte del suelo urbano con la estructura viaria existente, y aunque la unidad de actuación todavía no ha sido desarrollada (los propietarios presentaron un estudio de detalle en noviembre que el Ayuntamiento rechazó por considerar inviables las cesiones pública al localizarse en los cuestos del sector), parte del sistema viario previsto en este ámbito por el Plan General se encuentra parcialmente ejecutado.

Los terrenos s han sido, desde hace años objeto de un progresivo proceso de urbanización, incorporando de facto los mismos al sistema viario municipal, y conformando un vial que garantiza la movilidad y fluidez del tráfico rodado y la conexión de la estructura viaria existente en la trama urbana de la ciudad con los nuevos barrios residenciales desarrollados al norte del municipio.

"Resulta pues indudable que el interés público exige, no solo que las calles Catalanas y Zafra continúen abiertas al uso público, sino que las mismas cumplan los parámetros técnicos y constructivos que la normativa de aplicación impone al resto de viales municipales. Y en este aspecto, el citado vial adolece de importantes deficiencias que representan un riesgo para el tráfico rodado", dice el informe jurídico.

Con todo tiene en cuenta que la administración también debe garantizar que se respeta el legítimo derecho de los propietarios de estos terrenos, que no tienen el deber legal de soportar que los mismos se integren al uso público sin que, previamente, se hubiesen cedido gratuitamente al Ayuntamiento con la aprobación del correspondiente instrumento de gestión urbanística de la Unidad de Actuación; o, alternativamente, porque el mismo Ayuntamiento inicie el procedimiento expropiatorio legalmente previsto para su obtención anticipada.

"Los interesados han puesto de manifiesto ante el Ayuntamiento la irregular ocupación de su propiedad con un vial de uso público, sin que se hubiese realizado actuación alguna de "de deslinde, expropiación, ni ninguna otra"", indican los informes, que aunque admiten que la Administración local ha actuado ilegítimamente ocupando terrenos de propiedad privada para construir una vía pública, porque debería haberlo hecho con exacto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación reguladora de la expropiación forzosa, concluyen que el Ayuntamiento estaría legitimado para proceder a la expropiación para ejecutar una dotación urbanística, cual es un viario público, aunque se trate de un suelo urbano no consolidado. La previsión en el Plan General en esta zona, la utilidad pública de la ocupación y la posibilidad legal de llevar a cabo una expropiación aislada, hacen que esta esté "justificada y perfectamente legitimada".

Al margen del proyecto expropiatorio, más de 30 vecinos han elevado un escrito al Ayuntamiento reclamando una solución y planteando usar una zona de equipamiento (dotada con elementos biosaludables) como paso de tráfico provisional, extremo que "es inviable" a efectos de legalidad urbanística, según explicaron fuentes municipales.