Más de medio millón de euros entre principal e intereses. La deuda de la promotora del edificio Mercantil con el Ayuntamiento por la sanción impuesta a la sociedad a raíz del incumplimiento de la normativa urbanística vigente durante la construcción del inmueble, nunca figuró en la contabilidad municipal por un criterio de prudencia, pero el departamento de Tesorería estudia ahora, tras conocerse la sentencia, si cabe aún la posibilidad de materializar el cobro o si renuncia a este por inviable.
Con la sociedad declarada en situación de insolvencia, los promotores absueltos, y el procedimiento iniciado en su día contra la administradora sobreséido, los técnicos tienen la última palabra con respecto a la sanción, que al no contabilizarse nunca, tampoco produjo quebranto alguno ni podrá darse de baja de los libros municipales.
Esta ha sido la primera consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia. La segunda tiene que ver con Román Ávila, el arquitecto y proyectista del edificio, que ayer reclamó su derecho a la rehabilitación de su imagen profesional y la de su hijo, y también a la rehabilitación de la imagen de su familia.
"Me interesa que esta sentencia definitiva sea conocida y a ser posible divulgada, ya que de los más de veinte años que han transcurrido desde el comienzo de la promoción del edificio, en los últimos diez hemos sido objeto de la más agresiva y execrable persecución desde el Ayuntamiento de Benavente, dirigida por algunas personas, pocas, algunos políticos ya no vigentes y algunos funcionarios, que entre otras cosas han hundido socialmente mi imagen e impedido mi actividad profesional vetando de forma efectiva todos mis trabajos como arquitecto en este municipio de mi residencia desde hace 45 años", explicó ayer.
Ávila hace hincapié en la resolución, que a su juicio resume la "auténtica historia" de los acontecimientos en torno a su intervención y la de su familia en la promoción del edifico Mercantil de Benavente, y "lo hace de forma concreta y eficiente, mejor de lo que yo mismo lo hubiera hecho". "Es un ejemplo notable de una ejemplar actuación de la Administración de Justicia en la Audiencia Provincial de Zamora", agrega.
Al margen de la resolución, el proyectista detalló cómo desde hace diez años "mis ingresos brutos profesionales no han alcanzado el salario mínimo interprofesional y se han reducido a cero euros en los últimos cinco años" y precisó que su hijo, "que habilitó en este mismo edificio Mercantil su oficina profesional en 2009 no la llegó a estrenar, prefirió emigrar como emprendedor a California desestimando realizar su ejercicio profesional en Benavente y por lo tanto renunciando a residir en su ciudad".
El proyectista detecta "venganza y bajeza moral" detrás de todo lo sucedido. "El hecho de imputar a mi hijo Fernando solo por el mero hecho de serlo, es significativo y explica los verdaderos y únicos motivos de semejante denuncia penal: la venganza que desde hace muchos años el Ayuntamiento ejerce contra mí y contra todo lo que se relaciona conmigo, y que comenzó en diciembre de 1998 cuando me negué a pagar el soborno exigido por el arquitecto municipal para "facilitar el desarrollo del proyecto"". A la venganza suma el "rotundo veto a mi trabajo profesional, siempre tratando de infligir el mayor daño posible y en aquello que más me puede doler, en mi hijo".
El arquitecto denuncia la aplicación "del "todo vale" sin una pizca ética. ¿Cabe en alguna cabeza pensar que como padre implicaría a mi hijo en un delito que le supondría una carga penal de por vida? ¿Es que no me conocían? ¿No sabían con quién trataban?", se pregunta.
Ahora, agrega, "me parece justo intentar rehabilitar mi nombre, nuestro nombre y mi dignidad, nuestra dignidad, como profesionales en un municipio al que tanto trabajo lucrativo he regalado durante años con los más variopintos partidos políticos en el gobierno municipal".
