Familiares de una interna en la residencia de mayores "San Tirso" en Santibáñez de Tera se han dirigido al Procurador del Común con objeto de que "inste" al Ayuntamiento como institución pública propietaria del centro geriátrico para que la gestión de la empresa concesionaria "sea tranparente" a los usuarios del centro de mayores y se atiendan las reclamaciones de los residentes, familiares o tutores legales.

El familiar y tutor legal de una interna presentó ayer ante la Oficina del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, su reclamación con un amplio dosier al que ha tenido acceso este diario.

En su escrito, se pide que el Ayuntamiento "haga labores de vigilancia efectiva" del servicio prestado en su Centro, así como se haga cumplir a la empresa concesionaria "el principio del respeto a los derechos adquiridos de los residentes, tanto económicos como sociales".

A este respecto, el reclamante aduce el cambio de empresa concesionaria desde mayo de 2014 poniendo en duda la aplicación del pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión por el que se adjudicó la concesión a la nueva sociedad y en lo que se refiere al establecimiento de precios.

El reclamante le dice al Procurador del Común que el Ayuntamiento "desatiende sus obligaciones" como propietario del Centro. Incluso, argumenta que "con su dejadez ha permitido que la empresa concesionaria ocupe nás plazas de residentes que las que tiene autorizadas hasta que fue denunciado el hecho por un familiar ante la Gerencia de Servicios Sociales".

En el escrito al Común, el familiar de la interna que reside en el centro geriátrico "San Tirso" de Santibáñez de Tera, desde junio de 2013, advierte que el Ayuntamiento no le contesta a sus reiterados escritos sobre la aprobación de las normas de régimen interior del centro residencial, así como de otras cuestiones.

No duda el reclamante de acusar tanto al ayuntamiento como a la sociedad concesionaria de "prepotencia y oscurantismo" con la que están actuando. Y, por ello, este familiar no sólo se ha dirigido al Ato Comisionado, para que inste al Ayuntamiento de Santibáñez de Tera a cumplir con sus obligacines, sino también al órgano competente en materia de consumo de la Junta de Castilla y León para que haga valer los derechos contemplados en la Ley 2/2015, de 4 de marzo, y que expresamente en el artículo 4 "insta a las administraciones públicas a prestar atención de forma prioritaria a ancianos y personas con discapacidad".