El nudo de comunicaciones benaventano no solo es un punto de referencia para la logística y el transporte, también lo es para las actividades ilícitas. A la importante lista de hechos delictivos o investigaciones policiales iniciadas a partir de encuentros o de sucesos ocurridos en Benavente se acaba de sumar una más que surgió a partir de un "soplo" de la Administración para el Control de Drogas? norteamericana (Drug Enforcement Administration) a la Policía Nacional.

El 2 de mayo de 2013, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), acordó la intervención, escucha y grabación de las comunicaciones mantenidas a través de diversas terminales.

Respondía así a un oficio cursado por la UDYCO (Unidad de Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado) de 29 de abril de 2013. La unidad policial puso conocimiento de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en Pontevedra toda una serie de diligencias de investigación, originadas a raíz del intercambio de información policial con otros cuerpos policiales y agencias estatales de seguridad.

Se hacía constar en concreto la información recibida a través de la DEA (Drug Enforcement Agency) de Madrid, procedente a su vez de la DEA de Cartagena (Colombia), sobre un importante cargamento de cocaína, que se pretendía introducir por vía marítima en España.

Indiciariamente el cargamento se calculaba en unos 1.000 kilogramos de cocaína y y en la misma información se indicaba que el transporte se suponía que podía realizarse de forma inminente, a través de las costas gallegas y que, para coordinarlo, se había desplazado un ciudadano colombiano, identificado como Baltasar o Cipriano.

La unidad policial subrayaba que esta persona aparecía relacionada con el mundo del narcotráfico, llegando a estar reclamado por los Estados Unidos por su vinculación con la denominada operación "Orinoco 2000", en la que se intervinieron a bordo de un buque, de nombre "Suerte", hasta diez toneladas de droga.

Esta misma información señalaba que había prevista una reunión de los implicados en el Parador Nacional de Turismo "Fernando II" de Benavente.

La información aportada por la DEA a la UDYCO resultó crucial para que la investigación iniciada cobrara forma y aportará pistas fiables.

La unidad policial montó un dispositivo de vigilancia en el Parador en cuyo curso se apreció la llegada de un vehículo del que se apearon dos personas, que adoptaron actitud de vigilancia y espera. Posteriormente llegaron al Fernando II otras cuatro personas, con las que se reunieron las primeras. Al término del encuentro la unidad policial hizo seguimiento del vehículo de uno de los asistentes que se dirigió hasta una vivienda de Valladolid.

Algunas de las personas participantes en esa reunión, fueron identificadas por la unidad policial. Tenían numerosos antecedentes relacionados con el mundo del narcotráfico, entre ellos, uno, al que se le vinculaba con uno de los líderes de los clanes dedicados al tráfico, en la zona de Vilagarcía.

La unidad policial hacía referencia a cuatro terminales, facilitados por la DEA de Madrid, cuya intervención se solicitó.

La investigación y las identificaciones realizadas a partir del encuentro en Benavente permitieron descubrir a la UDYCO que uno de los implicados poseía un piso en Valladolid en el que se suministraba droga. Finalmente las investigaciones frustraron el desembarco de la cocaína pero detectaron la creación de un laboratorio de producción y adulteración de heroína, como fuente de financiación, en un chalé de Fuensaldaña.

El operativo policial concluyó con numerosas detenciones y con la condena de 8 implicados que recurrieron en casación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El TS acaba de desestimar estos recursos y acaba de confirmar las penas impuestas a los condenados, que alcanzan hasta los 8 años de prisión por delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a salud, de notoria importancia; falsedad y pertenencia a grupo criminal entre otros. Igualmente ha impuesto multas de hasta 2,9 millones de euros a algunos de los condenados.