Morales de Rey ha proyectado la construcción de una piscina fluvial en la zona del parque de "las Madres", junto al parque infantil y en las inmediaciones del río Eria, del azud construido por la Confederación Hidrográfica.

La intervención de obra se financiará con los planes provinciales de Diputación y estableciendo un plan plurianual con un presupuesto de 90.000 euros, confirmó ayer la alcaldesa Elsina Fernández.

Dentro de los próximos planes provinciales a los que al Ayuntamiento le corresponden en torno a una cantidad de 50.000 euros se incluyen además actuaciones de acondicionamiento de una calle en la localidad de Vecilla.

La piscina fluvial a construir en Morales de Rey, en la zona del parque de "las Madres" y la presa de "la Garafa" consistirá en una instalación constructiva "de mínimos", con unas dimensiones de 30 por 10 metros y con la profundidad requerida para este tipo de instalaciones de baño. Instalaciones que reducen costos al no contar con servicio de socorrista ni el tratamiento específico para el agua de baño, ya que revierten al cauce las aguas captadas previamente en un pozo. Una circunstancia que permitirá incrementar la tablada en la presa de "la Garafa", como explicaba ayer la alcaldesa.

Desde el Ayuntamiento se tramitan ya los permisos con el organismo de cuenca, adujo Elsina Fernández apuntando a los beneficios que reportará al municipio la instalación de baño que viene siendo demandada por un buen número de vecinos, entre ellos los más jóvenes. "Se trata de dinamizar la vida del pueblo en verano", señala apuntando a que entre los vecinos de Morales de Rey siempre fue de importancia la actividad del baño ya que disponían de zonas adecuadas junto al río Eria con especial referencia en las inmediaciones del Puente Grande.

La construcción de la piscina fluvial "no irá en detrimento de la mejora de infraestructuras como el arreglo de calles, entre otras", quiso destacar la alcaldesa de Morales de Rey advirtiendo del superávit de las cuentas públicas con un saldo en las cuentas corrientes de casi 400.000 euros. La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, "ley Montoro", frena el gasto como ocurre a muchos ayuntamientos que gozan de superávit.