Un empresario benaventano formuló una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zamora en octubre de 2016, diez meses después de la venta del Villa de Benavente, alertando de que se habían producido irregularidades que podían ser constitutivas de delito en la venta de una edificación por parte del Centro Benaventano de Transportes. Según el denunciante con esta operación se vulneraban los principios que rigen en las transmisiones de los bienes de las Administraciones Públicas, con perjuicio para las arcas municipales, y podían ser constitutivos de ilícitos penales. La Fiscalía abrió diligencias de investigación y solicitó al Centro de Transportes toda la documentación sobre la operación de venta del suelo y del derecho de superficie del hotel a la concesionaria del mismo. En enero de este año decretó el archivo de las diligencias por entender que "contenido de la escritura notarial y del acta de la Junta de fecha 22 de Enero de 2016 y tras la investigación realizada, no se acredita la posible comisión ilícito penal alguno en la actuación denunciada". El archivo se produjo cuatro meses antes de que el Interventor pidiera la documentación y de que emitiera el informe que cuestionaba la operación de venta.
