El Ayuntamiento de Benavente está estudiando la propuesta de rúbrica de un convenio de colaboración con Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la coordinación de actuaciones en la gestión del parque público de alquiler.
La Junta de Castilla y León posee casi un centenar de viviendas en Benavente, de las cuales un número importante serían sociales. El Ayuntamiento, por contra no posee ninguna. El equipo de Gobierno, que está analizando el texto del acuerdo propuesto por la Administración regional, baraja solicitar a la Junta la cesión del uso de al menos dos de estas viviendas para atender las situaciones de urgencia o emergencia durante los fines de semana.
El Ayuntamiento, que no tiene competencias en materia de acción social sin embargo en casos de emergencia derivados de casos de violencia de género o de realojamiento de personas mayores o necesitadas, asume el alojamiento y la manutención en establecimientos privados, generalmente hoteles y hostales. En Benavente la competencia le corresponde al CEAS, dependiente de la Diputación, aunque inoperativo los fines de semana según el Ayuntamiento, cuando suelen producirse casos "que requieren una respuesta inmediata".
El convenio está dirigido a ciudades con 20.000 habitantes, que sí tienen competencia en esta materia y donde existen igualmente oficinas locales del servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio". No obstante la Junta ha incluido también a Benavente en este marco colaborativo.
Fomento se comprometería a establecer un mecanismo de coordinación con la Consejería de Familia y con el Ayuntamiento, designando un profesional de referencia que pueda mantener contacto con las personas designadas a su vez por las demás partes firmantes, para compartir información sobre la disponibilidad de viviendas del parque público que pudieran existir en la localidad y en la provincia.
El compromiso incluiría, entre otros puntos, informar en el seno de una Comisión de Seguimiento y previa recepción de la solicitud y del informe que acredite la necesidad de acceso a una vivienda en alquiler social, acerca de las viviendas disponibles, tanto en el municipio como en la provincia, y sus características básicas.
En caso de que el solicitante estuviera interesado en una vivienda, informarle de las condiciones de la misma así como del alquiler social, gestionándose asimismo una visita a la vivienda seleccionada.
La Consejería de Familia por su parte intermediaría en los procedimiento, canalizando las solicitudes y facilitando su gestión en aquellos casos en que la vivienda propuesta esté situada en otro término municipal, así como en aquellos supuestos los que se produce cambio de domicilio y la persona o familia precisan una nueva vivienda en las mismas condiciones en otra localidad.
También atendería, a través del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, a las posibles necesidades de las personas usuarias del mismo, facilitándoles la información y el acceso al alquiler social.
El Ayuntamiento, si firmara este convenio, se comprometería a facilitar a través de los Centros de Acción Social y demás servicios municipales, la información, el asesoramiento y la orientación profesional necesarias para el acceso, en régimen de arrendamiento, a una vivienda del parque público de viviendas destinadas a alquiler social, cuando ello constituya un medio para la integración social de las personas y familias.
También podría valorar, a través de sus profesionales, la concurrencia de las condiciones concretas de vulnerabilidad que permitan determinar la necesidad de vivienda de una persona o de una unidad familiar mediante la emisión de informes.
