El Ayuntamiento de Benavente ha dado un ultimátum a la propiedad del número 2 de la calle Lagares, un edificio fuera de ordenación que ha sido declarado en ruina, para que "en un plazo prudencial" que podría ser de dos semanas sea derribado so pena de que la Administración municipal actúe de forma subsidiaria.
La declaración de ruina fue decretada en mayo de este año y publicada en el Boletín Oficial del Estado. En teoría la propiedad tenía dos meses para cumplir la orden de ejecución, tiempo en el que habría expirado igualmente el plazo para recurrir el decreto municipal ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En concreto, la resolución municipal de mayo declaró el estado de ruina del inmueble ordenando su demolición "por encontrarse el inmueble en situación de fuera de ordenación expresamente declarada por el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente, no siendo posible acometer las obras necesarias para garantizar la seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad".
La orden de ejecución es explícita: la declaración de ruina no exime a la propietaria del inmueble del deber de solicitar licencia urbanística para la ejecución de la demolición, por lo que se establece un plazo de dos meses, contados desde la notificación del presente decreto, para que presente en este Ayuntamiento proyecto de demolición y solicitud de licencia, en la que se detallarán las actuaciones necesarias que deban realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas.
En mayo, la resolución municipal ha advirtió de que en caso de incumplimiento de los plazos señalados, el Ayuntamiento procederá, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en la declaración a costa del obligado, o bien resolver la aplicación al inmueble del régimen de venta forzosa. Esto, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en la normativa de ruina inminente si la demora implica peligro. "Los gastos e indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento serán exigidos a la propiedad mediante procedimiento de apremio, hasta el límite del deber legal de conservación", advertía igualmente el decreto.
La propiedad registró un escrito el pasado día 18 de agosto comunicando la intención de encargar el proyecto de derribo y la contratación de una empresa especializada para acometer la demolición, y a solicitar la retirada del cableado de la fachada.
Cinco días después, la Alcaldía solicitó al Servicio de Obras un informe de valoración económica de los costes de demolición y de multas coercitivas para cumplir la orden de ejecución de forma subsidiaria.
El caso del edificio Lagares, un inmueble que tras su demolición facilitará la alineación de la calle, actualmente un embudo para el tráfico rodado, lleva pendiente de resolución desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y ha sido motivo de diversos expedientes urbanísticos.
