La denuncia realizada el pasado domingo por el Grupo Municipal del Partido Popular por el estado de "suciedad y abandono municipales" en el entorno de la pradera y de las grietas y fisuras en el pavimento del carril bici, ha terminado teniendo un efecto bumerán.

El PP pidió y sigue pidiendo el mantenimiento de la zona al actual equipo de Gobierno, pero en el caso del carril bici la Diputación Provincial de Zamora, que invirtió a través de un programa europeo casi 400.000 euros en la actuación, detectó en 2015 (tres años después de recibida) que la obra contenía vicios ocultos que provocaron la aparición de las grietas y fisuras para las que ahora los populares exigen ahora una solución.

La Ley de Contratos del Sector Público establece un periodo de 15 años para efectuar reclamaciones por vicios ocultos en las obras ejecutadas pero, según relató ayer el exdiputado de Obras, Manuel Vega, la Diputación Provincial tras corroborar con la dirección técnica la existencia de estos defectos, no inició ninguna reclamación "porque la empresa, Velnu S. L., había dado suspensión de pagos y ya no existe". El expediente de vicios ocultos, del que el actual equipo de Gobierno no tenía noticia alguna hasta ayer, ha quedado "en el limbo", según explicó Vega, que descontó los daños provocados en el carril bici por las raíces de los árboles porque "ya se contaba" que esto podía ocurrir.

El tercer portavoz del PP en el Ayuntamiento compareció para defender la legalidad de la recepción de esta obra (diciembre de 2012) y también de la ciudad deportiva.

Invocó el artículo 235 y otros de la Ley de Contratos del Sector Público para justificar que en el caso del carril bici y de las gradas de la ciudad deportiva él, como responsable (concejal de Fomento y a la vez diputado provincial de Obras), los contratistas en cada caso, y la dirección facultativa (la consultora C2R en los dos casos), firmaron la recepción de los trabajos sin la intervención de ningún otro técnico municipal porque a su juicio ino era necesario, aunque el artículo 222 de la misma norma recomienda la notificación y la personación del interventor.

Vega aseguró desconocer si la arquitecta municipal, a la que situó como conocedora de los trabajos que se estaban realizando, emitió algún tipo de informe sobre estos proyectos, pero sí aseguró que no la técnica no realizó ningún reparo, ni comunicó ninguna incidencia o anomalía que se hiciera constar en las actas de recepción porque de haber sido así "y de haberlas recibido, si hubiera sido grave".

"Las dos obras se recibieron conforme a ley, se ejecutaron según la dirección de obra y según el proyecto. Si había anomalías se tenían que haber hecho constar y no fue así. Los técnicos son los mismos, y si hubieran detectado irregularidades nosotros decimos que se depuren las responsabilidades y que se solucionen", argumentó.

En relación con las gradas de la ciudad deportiva precisó que lo que vale en relación a la recepción es el informe de la dirección facultativa "y en ningún momento se detectó que superaran la altura o que incumplieran el Plan General". Si hay un informe realizado cuatro años después "es a toro pasado y no tiene validez", afirmó.

Manuel Vega valoró también que en la actualidad las recepciones de obras incorporen la rúbrica de los técnicos municipales. "Como si quiere firmar todo el equipo de Gobierno. Yo me baso en la ley. Si quieren firmar más, que firmen", respondió defendiendo de nuevo la legalidad de ambas obras.