Que la crisis y los recortes están afectando el acceso de la salud de los ciudadanos es una realidad que no incide de igual medida en todas las capas sociales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que agrupa a los países más industrializados del mundo, alertó en 2013, que se corría el riesgo de que la práctica de recortes indiscriminados, pudiera hacer que algunas personas con menos recursos económicos renunciasen a cuidados sanitarios que necesitasen, incluso a la medicación. Esto puede traer consecuencias negativas para la salud y a la larga un sobrecoste en la sanidad pública.

Otro aspecto visible de los recortes es la reducción de personal sanitario, tanto de atención primaria como de atención especializada, lo que conlleva el cierre de centros de atención primaria, consultas de atención especializada y como en el caso de Benavente, el cierre de una planta del Hospital Comarcal. Esto provoca que unas plantillas limitadas estén sujetas a un estrés profesional inasumible, con un incremento de bajas laborales y la imposibilidad en muchos casos de conciliar la vida laboral y familiar, lo que se traduce en una asistencia sanitaria más que cuestionable.

El supuesto ahorro en la factura sanitaria que obtendría la Junta de Castilla y León al cerrar una planta en el hospital benaventano dando prioridad al hospital de Zamora, repercutiría negativamente en el bienestar de los ciudadanos que además tendrían que asumir el sobrecoste económico que suponen los desplazamientos a la capital para acompañar a sus familiares enfermos.

Los recortes indiscriminados obedecen a un desconocimiento de las necesidades sanitarias de la zona y a una consigna política muy clara, ahorrar de aquí para tapar el despilfarro de allí. En 557 millones de euros está estimado el sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos, 52 millones de euros enterrados en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, 400 millones de euros dejó de agujero negro la fusión de ADE Parques y Parque Tecnológico, más de 30 millones de euros de sobrecoste del edificio de Hacienda en Valladolid.

Benavente y comarca hartos de tanto dislate salen por fin a la calle a defender sus derechos. Los ciudadanos acuden, y es importante recalcar, a la llamada del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, que desde hace años lucha incansablemente a favor de una sanidad pública digna. Este movimiento civil al que se han ido adhiriendo distintos grupos políticos y sociales demuestra que se pueden unir distintas sensibilidades para hacer un frente común.

Los criterios de organización, basados en posicionamientos eminentemente economicistas, que esgrime la Junta de Castilla y León para abrir o cerrar centros de atención primaria o plantas de hospital en función de la demanda, no son válidos para un servicio tan sensible como es el de la atención sanitaria.

En primer lugar el abrir o cerrar una planta de hospital requiere que se desplacen profesionales desde centro base, o viceversa, al lugar donde se requieran sus servicios, lo que hace que estén sometidos a una presión extra contraria al más elemental sentido común.

En segundo lugar hay una maldad encubierta por parte de la Consejería de Sanidad, que traslada a los profesionales sanitarios la responsabilidad de los desplazamientos que se produzcan. Es decir, la última palabra la tienen los profesionales de la sanidad para "decidir" si a un paciente se le debe trasladar a Zamora o puede permanecer en Benavente.

En tercer lugar, el servicio sanitario no puede estar sujeto a mercaderías porque pierde la esencia propia que debe tener la prestación de un servicio universal y gratuito.

Llevamos reclamando desde hace mucho tiempo un servicio de especialidades sanitarias que satisfaga las demandas de los ciudadanos, un servicio de urgencias pediátricas, una unidad de cuidados paliativos, un hospital dotado al 100 por 100 y es ahora, gracias a los movimientos ciudadanos y políticos cuando nos están empezando a oír. A fin de cuentas lo que estamos pidiendo es que se organice correcta y eficazmente la prestación de un servicio que debe llegar a todos los rincones del mundo rural.

Benavente y comarca se ha unido para que la Junta se dé cuenta que no estamos dormidos y que no vamos a renunciar a un derecho reconocido en la Constitución. Es importante que la unión que están mostrando los grupos políticos en reivindicar un servicio sanitario justo y equilibrado siga y de esta forma estoy seguro que ganaremos la batalla y conseguiremos que Benavente y comarca avancen hacia un desarrollo económico y social pleno.