Al menos 150 propietarios de inmuebles y de fincas rústicas que inscribieron en los últimos años sus nuevas adquisiciones en el Registro de la Propiedad pero sin comunicar al Catastro el cambio de titular, tendrán que hacer frente al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles no tributado .
Una investigación municipal iniciada a finales del año pasado por la Tesorería Municipal ha aflorado 150 propiedades que no abonaban el IBI rústico o urbano, desde hace años al desconocerse la alteración catastral experimentada en esos bienes.
La consecuencia de esta situación "ha mermado importantes ingresos" a las arcas municipales y "ha reportado ingentes horas de trabajo a empleados municipales y molestias por notificaciones infructuosas o fallidas a propietarios que ya no lo eran", explicaron ayer fuentes municipales.
Aunque no se conoce con exactitud el importe recaudado, que estaría pendiente de cerrar hasta que finalice la investigación y se den de alta en el pago del IBI a los titulares que hasta la fecha han eludido esta obligación con las arcas municipales, se trataría de una cantidad importante, según han precisado las mismas fuentes.
En principio el Ayuntamiento reclamará a los propietarios el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles rústico o urbano de al menos los últimos cinco años, en los casos en los que se dé esta situación. Si la deuda acumulada es inferior a este espacio temporal también se reclamará íntegramente. Si es superior, se estudiará la reclamación del tributo adeudado en función de su prescripción.
La investigación municipal ha permitido detectar en esta situación a titulares particulares, a empresas y también a administraciones públicas. En este último caso se ha encontrado la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento detectó que el número 90 de la calle de los Carros, un inmueble utilizado en los últimos años como centro de trabajo y reunión de los orientadores educativos y que anteriormente había sido sede de la asociación vecinal de Santa Clara, figuraba como propiedad del desaparecido Ministerio de Educación y Ciencia. Desde 2012 no tributaba IBI.
El Ayuntamiento, tras constatar que la propiedad más cierta es de la Junta, le exigió por decreto el pago del impuesto, pero lo ha revocado al estar exentos del pago del tributo los inmuebles directamente afectados a servicios educativos de la Comunidad Autónoma.
