Los integrantes de la sociedad promotora del Edificio Mercantil se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal por un presunto delito de alzamiento de bienes el próximo 15 de mayo.
El juicio se producirá tras seis años de instrucción de un procedimiento iniciado a partir de una denuncia del Ayuntamiento de Benavente. Un informe del Servicio de Tesorería determinó que Promer, la promotora de la construcción de viviendas y garajes en el antiguo Hotel Mercantil, había incurrido en un presunto alzamiento de bienes para evitar el pago de una sanción urbanística de 310.000 euros.
El técnico concluyó que existían indicios suficientes de que entre los años 2008 y 2009 se produjo un presunto vaciamiento patrimonial por parte de la promotora del inmueble que habría perjudicado los intereses de las arcas municipales.
Según el tesorero municipal, en ese periodo se realizaron operaciones de compraventa de pisos, garajes y trasteros entre los socios y algunos familiares con la presunta intención de evitar el pago de la sanción ratificada en sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el año 2006.
En concreto, el informe, de 11 páginas, daba por comprobado que durante el tiempo de reclamación de deuda por 310.510,12 euros a la empresa Promer se habían realizado "actos de disposición patrimonial" por parte de la sociedad, además de por "socios y familiares como colaboradores conocedores de los actos iniciados, que dificultan la recaudación municipal de la sanción urbanística". El Ayuntamiento emprendió acciones legales el 30 de septiembre de 2010. La deuda de Promer superaría hoy por hoy el medio millón de euros.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular piden dos años de cárcel para los cuatro imputados por el presunto vaciamiento patrimonial. Ambos han coincidido en sus escritos de calificación a la hora de reclamar también la anulación de las seis escrituras de compraventa de viviendas, garajes y trasteros que dieron lugar al presunto alzamiento de bienes, y solicitan también la imposición de una multa de 10.800 euros a cada uno de los cuatro imputados, el arquitecto Román Ávila, su mujer y su hijo, y el socio de Promer, Javier Fernández.
Los acusados siempre han negado que se produjese un vaciamiento patrimonial y han mantenido que la promotora no solo no pudo hacer frente al pago del proyecto y de los técnicos, sino que dejó a deber 318.000 euros a los socios. La promotora se declaró insolvente en 2009, momento en que la Tesorería Municipal había iniciado un expediente de apremio y el embargo de los bienes de la sociedad, que en aquel momento ya habían sido vendidos en su totalidad y escriturados.
