Los resultados de la convocatoria de ayudas para paliar la pobreza hídrica y energética, promovidas desde la Concejalía de Bienestar Social por primera vez este año, ponen encima de la mesa la necesidad de ampliar los fondos destinados a cubrir las necesidades para garantizar el suministro de agua e implementar las ayudas con iniciativas de formación.

"La cantidad de personas que necesitan estas ayudas está por encima de lo que estimábamos en un principio. Habíamos valorado la solicitud de becas de libros de Infantil que en la convocatoria extraordinaria se incrementó en 36 personas y se sobrepasa con creces la cifra de 150 ó 160 personas que se estimaban para estas ayudas", explica el edil del área, Antonio Vega.

La Comisión de Valoración de esta convocatoria en la que se unifican las ayudas a la pobreza energética y la hídrica, y así se va a seguir haciendo el próximo año, se reunió el pasado jueves. Se han presentado un total de 200 solicitudes en plazo y forma, aunque dos de los expedientes correspondían a dos cónyuges por lo que se consideran 199 solicitudes. De ellas, un expediente sólo pide ayuda para el enganche del agua; hay otros seis a los que se les ha denegado ayuda por sobrepasar los umbrales de renta. "Contamos para la concesión con 192 solicitudes que cumplen todos los requisitos para las ayudas de pobreza energética y 193 para la hídrica", puntualizó el concejal socialista, quien ya ha previsto la actualización de la base de datos municipal en la que se recogen estas necesidades.

La Concejalía de Bienestar Social considera que "el fondo destinado a cubrir la tasa de agua se queda corto, por lo que negociaremos con la concesionaria del servicio un fondo social diferente, que habrá que revisarlo sin dudarlo al alza".

El importe con el que se había dotado esta ayuda es de 15.000 euros, gracias al convenio entre Ayuntamiento y Aquona. "Hay que tener en cuenta que, además de estas ayudas hay establecidas una serie de bonificaciones de hasta el 80 por ciento para las tasas del agua y se ha permitido el pago fraccionado para facilitarlo a las familias. El objetivo prioritario es que a ninguna persona se le va a cortar el suministro de agua", explicó el edil. "A estas personas que estén en la base de datos municipal en ningún caso se les va a cortar ese suministro", añadió.

Mientras que 35.000 euros de fondos municipales se destinan a la pobreza energética este año. Este importe podría mantenerse el próximo año, aunque de momento es algo que está por valorar, según Vega

El concejal considera que la administración local no sólo tiene que garantizar el pago del suministro e implementar ayudas para que la gente pueda acceder al servicio, sino que "el Ayuntamiento la deuda tiene que cobrarla según establece la ley, de modo que las ayudas tienen que complementarse con actividades formativas a los usuarios", señala el edil.

"Hay personas que no están incluidas en esta base de datos municipal, pero por los niveles de renta podrían estarlo, y no llegan a estar aquí porque tienen una mejor administración doméstica. No se puede sustentar una política social sólo en la bonificación o subvención sino también en iniciativas de formación", incidió Vega.