La ejecución de las obras de la vía verde benaventana, incluida en la red Eurovelo, tendrá que esperar. El proyecto ha entrado en compás de espera desde hace meses y está condicionado a la formación de Gobierno, según han confirmado fuentes de la Diputación Provincial de Zamora. No habrá obras hasta que haya un nuevo Ejecutivo.
La institución provincial, que ha hecho de intermediaria entre los ayuntamientos afectados y el gestor de infraestructuras ferroviarias (ADIF), pidió a los municipios celeridad en la aprobación de las cesiones y la firma del convenio para posibilitar la ejecución de laos trabajos, adjudicadas a la mercantil Tragsa. Sin embargo, las prisas se han disipado. El Ministerio de Fomento en funciones ha decidido no ejecutar la actuación hasta que se resuelva la interinidad del Ejecutivo, según vinieron a explicar las mismas fuentes. Tragsa no emprenderá los trabajos por lo tanto hasta que reciba la orden, y esa orden no llegará si un nuevo Gobierno.
La intervención queda en barbecho pese a que inicialmente las expectativas de que no se viera influida por esta situación de provisionalidad eran otras.
La decisión afecta también a la denominada Red Eurovelo, un camino natural con carril para bicicletas que recorre Europa de norte a sur. Esta parte del camino, que finalmente ha terminado por reconocer también la Junta de Castilla y León, se queda sin fechas de desarrollo de momento. Se trata del subtramo Maire-Benavente-Barcial del Barco está integrado en la Ruta del Atlántico que conecta la localidad portuguesa de Sagres, en el extremo sur occidental de la península con el extremo nor-oriental de Noruega, en Cabo Norte, a través de 8.186 kilómetros de distancia.
La actuación benaventana, que en teoría tendría otras fases con desarrollo por la Ruta de la Plata, afecta a siete municipios y cubre una longitud de 29,4 kilómetros. La inversión prevista ronda los dos millones de euros.
Todos los municipios implicados, después de dudas y de consultas, aprobaron en Pleno las condiciones establecidas en el convenio con ADIF, entre ellas el pago de un canon anual por el uso de las antiguas instalaciones ferroviarias. El canon se fijo de acuerdo con la población de cada municipio. La Diputación se comprometió a asumir los trabajos de mantenimiento una vez realizadas las obras.
