El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente ha decidido parar en seco el deterioro de la mayoría de los edificios de la Plaza Mayor y prepara un plan para exigir a los propietarios que cumplan con la obligación de reparación y conservación que establece la ley en el caso de edificios con protección ubicados en un entorno BIC.

Aunque esta exigencia estará precedida de una revisión técnica de los inmuebles, de los que en la mayoría de los casos, ya existen numerosos antecedentes y órdenes de ejecución específicas, la Concejalía de Urbanismo proyecta comunicar esta decisión a los propietarios en los próximos meses.

Para colaborar con los propietarios y facilitar las acciones de conservación y reparación el Ayuntamiento pretende aprobar antes de que finalice el año una "batería de medidas" que incluyen bonificaciones fiscales en el pago de las tasas por la licencia de obras y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), si los trabajos trascienden de meras obras menores, según confirmó el alcalde, Luciano Huerga.

En caso de que los propietarios hagan caso omiso del deber de conservación, el Ayuntamiento prevé la imposición de multas coercitivas hasta alcanzar la cantidad equivalente al coste de los trabajos de reparación y conservación que determinen los técnicos municipales.

"La conservación del patrimonio es una obligación de los propietarios de este tipo e edificios y en el caso de la Plaza Mayor además concurren fines turísticos y patrimoniales de interés general que hacen más necesaria esta medida", explicó Huerga.

Las recientes órdenes de ejecución dictadas en el caso de tres edificios contiguos en La Encomienda y la Plaza del Grano, órdenes de ejecución de demolición que ya cuentan con proyectos que acaban de ser a remitidos al Servicio Territorial de Cultura de la Junta, ha influido en esta medida.

Huerga, que hace meses anunció que no permitiría ninguna pérdida del patrimonio arquitectónico que queda en la ciudad, ha insistido en que el Ayuntamiento no tolerará que la inhibición en la obligación de conservación termine, como en los casos anteriores, afectando a los inmuebles hasta el punto de abocarlos a su demolición o a la declaración de ruina.