El domingo 1 de mayo se hundía una de las pilas del puente de Castrogonzalo (Zamora, y no León como registra la ficha de la CHD), con lo que el paso del Esla quedaba cortado para agricultores, peregrinos, ciclistas y peatones. La titularidad de este puente la ostenta el Ministerio de Fomento, pues este puente fue mucho tiempo parte del camino real, luego carretera nacional entre Madrid y Galicia.

Así pues, corresponde al Gobierno de España en funciones buscar una rápida solución para dar alternativas al tradicional paso, mientras se ejecutan informes y proyectos orientados a la reconstrucción del viaducto. En eso anda la Subdelegación del Gobierno que, según parece, habilitará alguno de los tres carriles de la paralela autovía para permitir la circulación de la maquinaría agrícola (tractores y cosechadoras). Deberá también buscar alternativa a los peatones, peregrinos y ciclistas que usan habitualmente este paso.

Se trata de un problema de gran envergadura, pues los puentes más cercanos distan más de 20 kilómetros cada uno de Castrogonzalo (el de Villafer y el de Bretó).

Lo que llama mucho la atención es que después de cinco días del hundimiento, ningún responsable de la Junta de Castilla y León se haya personado a pie de derrumbe, ni siquiera para conocer de cerca el alcance de este desastre. La Junta se lava las manos argumentando que no tiene nada que ver ni que decir en este asunto, al considerar que solo es de competencia estatal.

Pero una cosa es la titularidad del puente -el subdelegado del Gobierno sí ha estado en Castrogonzalo- y otra muy distinta la ausencia clamorosa de la Junta, una administración con competencias en materia agrícola, económica, turística y cultural.

Todos estos ingredientes acumula y conlleva el corte del paso del Esla. ¿O no ve ni siente la Junta el problema que se plantea para decenas de agricultores de Castrogonzalo que no puedan acceder a sus tierras de la vega del Esla, que no puedan acercarse a Benavente a las reparaciones de la maquinaria o a las cooperativas agrarias? ¿No siente la Junta que se pueda resentir la actividad económica en la comarca y en Benavente, pues el corte afecta también directamente a los talleres de reparación y a los proveedores de semillas, suministros y productos fitosanitarios a los agricultores? ¿No le afecta a la Junta la política turística? El puente de Castrogonzalo es paso de peregrinos del Camino Sur de Santiago y de la Vía de la Plata. ¿No le sensibiliza a la Junta el estado de un puente histórico, que ella misma ha catalogado e inventariado como bien patrimonial? ¿No le preocupa qué va a pasar con la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, una de cuyas etapas tenía previsto pasar por el puente?

Pues parece ser que no. De lo contrario ya habría venido a Castrogonzalo algún representante político a tomar contacto directo con la realidad, esto es, con el problema y, en consecuencia, a hablar con los alcaldes, con los agricultores y con los vecinos de Castrogonzalo y Benavente. Ni la consejera de Agricultura, ni la de Economía, ni la de Cultura y Turismo lo han hecho (estas dos últimas zamoranas, por cierto); no parece tampoco que lo vayan a hacer, según las palabras del delegado territorial.

Y no será porque la Junta de Castilla y León no conozca el problema. La tarde que se cayó el puente informé personalmente en Toro -y le mostré fotografías del desastre-, tanto a la vicepresidenta de la Junta y consejera de Economía como al delegado territorial, además del subdelegado del Gobierno.

La Junta de Castilla y León, con su ausencia, está demostrando lo poco que le interesan los problemas de los ciudadanos, y este -la interrupción del paso del Esla en Castrogonzalo- lo es, y mucho. Con mirar para otro lado y no tomar contacto con la realidad no se consigue eludir el problema, sino que se deja huérfana a la ciudadanía.

(*) Procurador socialista y portavoz de Cultura y Turismo en las Cortes de Castilla y León