La exedil de Fiestas, Bárbara Palmero (PP), hasta ahora testigo en la causa penal abierta por la presunta apropiación indebida de 6.400 euros de la venta de los programas del Toro Enmaromado, es desde ayer investigada judicialmente. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente decidió a última hora de la mañana cambiar la condición de testigo de Palmero por el de "imputada" tras escuchar las declaraciones del que fue su principal colaborador en la comisión de fiestas y es el principal investigado en este procedimiento, Andrés Rivera Fernández, y de la funcionaria y tesorera accidental durante los años objeto de la investigación.

La exconcejal tenía que declarar hoy en calidad de testigo. Cuando la juez lo estipule lo tendrá que hacer como investigada en un asunto en el que también declararon ayer el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, en representación del Ayuntamiento benaventano, personado en la causa como acusación particular, y de otra exmiembro de la comisión de fiestas.

El Ayuntamiento había barajado hasta última hora de la mañana pedir que se investigará también a esta testigo, aunque tras conocer su declaración ha decidido no solicitar su imputación. La joven únicamente conducía el vehículo en el que el principal investigado recaudaba los fondos de la venta de los programas y, según su versión, lo llevaba al Ayuntamiento en un sobre y lo entregaba a la tesorera accidental, aunque ella le esperaba en el vehículo.

La declaración de Andrés Rivera -que en septiembre explicó al fiscal que mantenía una relación laboral con Bárbara Palmero en el Ayuntamiento y ayer reconoció que era un voluntario sin contrato y sin contraprestación económica- y la declaración de la tesorera accidental, han resultado decisivas, pese a ser opuestas, en la decisión de la juez de ampliar la figura de investigada (anteriormente imputada) a la exedil.

Rivera aseguró que entregó el dinero recaudado de la venta de los programas a la tesorera accidental los años 2012, 2013 y 2014, a petición de la propia funcionaria "porque era mejor entregarlo en efectivo" y "para evitar problemas con la oposición". La tesorera accidental negó tajantemente ambos extremos. Pero los dos sí coincidieron en una cuestión: la edil había autorizado que Rivera manejara fondos públicos mediante provisiones autorizadas por Palmero para realizar pagos.