La Junta de Castilla y León tendrá que indemnizar con 80.685 euros a la constructora Dragados S. A. por los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión temporal de los trabajos de la segunda fase de las obras del Hospital de Benavente.

Así lo acaba de determinar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma y ha revocado el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid, rebajando la indemnización impuesta por la instancia en 11.200 euros.

Los magistrados del alto tribunal de la región dan la razón a la Junta de Castilla y León en la cantidad con la que tendrá que indemnizar a la constructora por el tiempo en que las obras permanecieron paradas. La Junta siempre reconoció que se habían producido daños y perjuicios, pero en una cantidad muy alejada de la que pedía la empresa, 228.000 euros, y de los casi 92.000 euros (80.000 de costes de personal y 11.905 de materiales) reconocidos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid en la sentencia recurrida.

De hecho, la Junta no recurrió la cantidad reclamada por los materiales, pero sí por los costes de personal, y el Tribunal Superior de Justicia ha estimado su recurso porque el fallo de instancia había establecido la cantidad de 80.000 euros a mano alzada y no había tenido en cuenta la liquidación realizada por la Junta en su día, liquidación que establecía los costes de personal en el periodo de la paralización en 68.780 euros. Dragados S. A. conocía esta liquidación, la única documentada, y no se pronunció sobre ella en su apelación, aspecto que tienen en cuenta los magistrados para reconocerla y sumarla a los costes de los materiales que la Administración regional había aceptado y fijar la indemnización en los citados 80.685 euros más los intereses legales.