La Junta abre expediente sancionador al Ayuntamiento por la casa del guardagujas

Inicia procedimiento por la comisión de una presunta infracción de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados tras una denuncia del PP

02.04.2016 | 01:41
Casa del guardagujas semiderribada el pasado mes de febrero.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Benavente por el derribo de la casa del guardagujas el pasado mes de febrero. El expediente se ha incoado por la comisión de una presunta infracción administrativa de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, como consecuencia de la denuncia formulada por Grupo Municipal del Partido Popular y por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

Los guardias civiles se personaron en la zona del derribo el 26 de febrero y constataron que la casa del guardagujas había sido derribada y balizado el terreno. Los agentes solicitaron al Ayuntamiento la documentación de los residuos generados y corroboraron cómo se habían entregado los residuos de construcción y demolición a un gestor autorizado, aunque no se justificó documentalmente la entrega de placas de fibrocemento a gestor autorizado.

El PP denunció públicamente el 26 de febrero que la demolición de la casa del guardagujas se había llevado a cabo sin tener en cuenta las medidas de prevención laboral adecuadas y los trabajadores municipales y los alumnos del taller de empleo que participaron en los trabajos o estuvieron presentes mientras se llevaban a cabo corrieron el riesgo de inhalar el amianto desprendido durante la destrucción la cubierta de uralita de una parte del inmueble.

"Una parte de las dependencias mencionadas tenía el techo de uralita, tal y como puede apreciarse en las fotos que se adjuntan al presente escrito, por lo que podrían contener amianto en su composición", argumentó entonces el Grupo Municipal Popular en su denuncia, en la que explicaba también que "en las fotos recogidas por los medios de comunicación durante la operación de derribo puede apreciarse que las personas que están en la zona durante los trabajos de derribo no disponen de ninguna medida de protección contra posibles riesgos por inhalación de amianto".

Según la oposición, la operación llevada a cabo no era una actividad de mantenimiento: "se utilizó maquinaria pesada para destruir los elementos que forman parte de la construcción, por lo que se pudo producir la liberación de fibras, y el personal que intervino o estuvo presente no parece, según se desprende de las imágenes, que dispusiera de ninguna medida de prevención específica", argumentó en las denuncias formuladas.

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