El arquitecto Román Ávila no podrá acceder a la propuesta de resolución del expediente sancionador del chalé del exalcalde Saturnino Mañanes, ya archivado, sin obtener antes el consentimiento de la esposa del exregidor.
Así lo asegura el Comisionado de Transparencia de las Cortes de Castilla y León en una comunicación dirigida al Ayuntamiento benaventano, que también acudió a este órgano colegiado adscrito a la Oficina del Procurador del Común.
"El acceso a expedientes sancionadores urbanísticos por personas que no tengan la condición de interesado en los mismos requerirá, con carácter general, la obtención del consentimiento expreso del afectado", ha explicado el Comisionado citando la Ley de Transparencia. Únicamente no sería necesario este consentimiento, ha precisado también, cuando en el expediente urbanístico sancionador objeto de la consulta consten exclusivamente datos de personas jurídicas.
El 8 de febrero, tres horas antes de que Román Ávila formulara una queja al Procurador del Común, el Ayuntamiento de Benavente acudió al Comisionado de Transparencia para que le informase sí legalmente podía facilitar el acceso al procedimiento sancionador archivado solicitado. La respuesta a esta pregunta, la número 1 de 2016, llegó al Consistorio el lunes. En el escrito el Comisionado observa que el Ayuntamiento está facultado para realizar la consulta a la persona afectada, esto es, a la esposa del exalcalde Saturnino Mañanes. El Consistorio le ha dirigido una comunicación preguntándose si autoriza el acceso a la información solicitada por Ávila, según ha podido saber este periódico.
El arquitecto Román Ávila decidió acudir a la Comisión de Transparencia de Castilla y León siguiendo la recomendación de la Oficina del Procurador del Común, tal y como informó ayer este periódico. Ávila realizó esta solicitud al cumplirse el lunes el plazo de un mes para que el Ayuntamiento le facilitase el acceso a la información del expediente sancionador, que al no haber recibido respuesta se entiende denegado por silencio administrativo, aunque la Administración tiene la potestad de cambiar de parecer.
