Desde las elecciones municipales del mes de mayo en todos los programas electorales, sin excepción, los candidatos situaban la transparencia como el eje central de la actuación de su gobierno, y añadían a renglón seguido que la transparencia es, por derecho propio, un ejercicio de moralidad, de ética y de compromiso social.

Es una realidad y una demanda acuciante por parte de la sociedad, que la transparencia sea la principal de las exigencias a los responsables políticos, a los funcionarios y a todos aquellos que tienen la voluntad de ser servidores públicos, pero lo difícil y complicado de todo esto es encontrar un equilibrio entre la información que se debe dar y la que el ciudadano considera relevante para el interés general.

Si tomamos como definición válida de transparencia política "? el conocimiento profundo y detallado de las decisiones, resoluciones y reglamentaciones tomadas por las administraciones, así como de sus motivaciones y justificaciones..." y como "un mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que estas reciben", podemos llegar a la errónea percepción que con publicar los sueldos, el patrimonio, las declaraciones ante la hacienda pública, los contratos del sector público, las resoluciones, etc. se acaba con la corrupción en nuestro país que tanto daño ha hecho, al erario público y a la credibilidad de las instituciones democráticas.

Todo esto no son más que herramientas necesarias para fiscalizar la acción del poder. Las publicaciones de los sueldos y patrimonio de los políticos en la mayoría de los casos solo sirven para chismorrear, sembrar de dudas lo declarado y para criticar, en el mejor de los casos, la mala capacidad de gestión doméstica que tienen algunos políticos. ¿Cómo es posible, dicen algunos, si no saben gobernar su casa, pretender administrar un ayuntamiento o una comunidad autónoma?

Este ejercicio "de sinceridad" es tan creíble como que la picaresca hispana es cosa del Lazarillo de Tormes. Es una obviedad que los pillos no declaran públicamente sus pillerías y desgraciadamente en los últimos tiempos vemos cómo el panorama nacional está sembrado de estos personajes. El dinero negro que presuntamente entregaba Bárcenas evidentemente no aparece en las declaraciones de ninguno de los receptores.

Con la publicación de los contratos del sector público y las decisiones de adjudicación quieren que tengamos la percepción de que todo está bien, que todo el proceso ha sido imparcial y correcto, pero los ciudadanos sabemos que lo que se habla y se pacta en los despachos, o en las comidas de empresa entre amigos, intermediarios, familiares o afines, con los órganos de decisión de poder no llega a transcenderles.

No es que piense que todas estas herramientas que se están empleando en el sector público para erradicar la corrupción son baldías, todo lo contrario, son muy necesarias pero hay que ahondar más en la raíz del problema.

La transparencia política debe empezar por racionalizar el número de representantes públicos, con listas abiertas en las que los ciudadanos puedan elegir a los mejores en función de su valía, hay que establecer un mapa de competencias territoriales y nacionales claro para evitar duplicidad de organismos, fundaciones, consorcios, empresas públicas, etc. hay que unificar los sueldos para que no se produzcan agravios entre los servidores públicos, que deberían establecerse en función de su responsabilidad en la gestión de su cargo, y hay que abordar una reforma profunda de la administración pública para que sea más profesionalizada, evitando los puestos nombrados a dedo por los políticos de turno.

Los nuevos gobernantes tienen una gran tarea por delante para eliminar de raíz la lacra de la corrupción. Para mí una de las cuestiones más eficaces y valientes a realizar es eliminar del panorama nacional a muchos "servidores públicos" que se perpetúan en el cargo sin más mérito que el mantener a un grupo de marionetas que jalean sus decisiones, que patrimonializan el cargo y por el que se creen estar en el derecho de autorremunerarse al margen de los cauces establecidos.

Las medidas adoptadas actualmente contra la corrupción y a favor de una transparencia eficaz en la gestión pública son paños calientes que reducen la fiebre del enfermo pero no curan la enfermedad. Hay mucho que limpiar y mucha pedagogía democrática que desplegar y si no, que se lo digan al señor Pujol, que amenaza con "desestabilizar la democracia" si cuenta lo que oculta en sus archivos. Estamos deseosos de que pague, el señor Puyol y todos los iguales como él, por sus presuntos delitos y si tiran de la manta, mucho mejor, ya que de esta manera y de una vez por todas veremos a este hermoso país limpio de tanto pillo.