J. A. G.

En diciembre de 2010, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora notificó al Ayuntamiento benaventano que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia era firme y debía cumplirse. El Consistorio reunió a los vecinos y recibió un proyecto de restauración de la legalidad que requería escasas obras y no hacía necesario el desalojo de los residentes.

Según Ávila nunca se comunicó al Registro de la Propiedad la situación ilegal del inmueble ni la concesión de una licencia de la que sigue careciendo. "Ahora que los informes técnicos están tan baratos, el Ayuntamiento seguramente podrá otorgar la licencia".

El arquitecto insiste en que el edificio sigue careciendo del permiso urbanístico tras ser revocada por la sentencia "y nunca otorgado de nuevo hasta la fecha, careciendo por consiguiente también de la licencia de primera ocupación de las unidades edificatorias independientes que lo componen".

El técnico justifica su decisión de reclamar ahora que se ponga fin a esta situación urbanística "ante la posibilidad de que el edificio pueda recibir los informes favorables necesarios para el otorgamiento de la licencia definitivamente a los titulares del edificio y verdaderos sufridores sin culpa de los disparates cometidos por nuestros administradores municipales".