El arquitecto Román Ávila, autor de la queja ante la Oficina del Procurador del Común por la legalización del chalé de la familia del exalcalde, volverá hoy a apelar a la institución de defensa de los ciudadanos en contra del archivo del expediente sancionador incoado contra la familia de Saturnino Mañanes.
Ávila ha anunciado que elevará una nueva queja para informar al Procurador del Común "en qué ha quedado" su dictamen acerca del chalé del exalcalde. En noviembre de 2013, Javier Amoedo resolvió que "en este caso, cabría añadir que la utilización de la edificación en cuestión como vivienda constituiría una infracción administrativa frente a la que, a diferencia de lo que ocurre con la ejecución de las obras, cabría adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística, puesto que el uso del suelo constituye una actividad continuada y, por tanto, el plazo de prescripción de la infracción que se estaría cometiendo no empieza a correr hasta que tal uso finalizara".
El Procurador del Común agregó en referencia a la resolución de infracción leve que ahora ha suscitado "una duda razonable" a los técnicos municipales que "en cuanto al procedimiento sancionador ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho que no se llegó a resolver expresamente el que fue incoado en su día, motivo por el cual no se ha llegado a imponer sanción alguna al promotor de las obras ejecutadas sin el amparo de una previa licencia urbanística".
Ávila recuerda a Amoedo las consideraciones de aquel dictamen en su nueva queja y los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero, que según el arquitecto fueron ocultados deliberadamente a la Oficina del Procurador del Común pese a que concluían que "no es admisible la legalización de viviendas en terrenos de este tipo".
El arquitecto registró ayer un escrito en el Ayuntamiento de Benavente en el que sostiene que "la funcionaria al cargo presenta finalmente propuesta de resolución del expediente sancionador entendiendo que no procede la sanción y sí el sobreseimiento, algo inaudito. Para ello incluso recuerda actuaciones del año 2007, cinco años antes del reconocimiento de la situación de ilegalidad y de la petición de legalización realizadas por la esposa promotora reiniciando el procedimiento"
"¿Mintió la funcionaria al proponer la demolición del chalé y una sanción superior a 300.000 euros o lo hace ahora eliminando cualquier responsabilidad del exalcalde; se equivocó anteriormente o lo hace ahora a favor del exalcalde, pudo alegar ignorancia antes o es ignorante ahora, actuó como funcionaria responsable antes o ahora?. En cualquiera de los casos es evidente que debe ser apartada del procedimiento y anulada su propuesta de resolución, encomendando esa tarea a un técnico independiente y responsable", se pregunta y propone.
La propuesta de resolución del Departamento Disciplina Urbanística, según confirmaron fuentes municipales, se basa en un informe de la arquitecta municipal elaborado en mayo del año pasado, días antes de las elecciones, y hasta ahora también desconocido.
Ávila ha pedido por escrito "como ciudadano que pretende ejercer la acción pública" una copia de la propuesta de resolución del expediente sancionador o acceso al mismo y ha reclamado "que se abra expediente de responsabilidad a la funcionaria que ha propuesto semejante resolución y sea apartada del procedimiento, en tanto se investigan las causas que han influido y/o han producido tal disparate y se resuelve justificadamente el proceso por un técnico imparcial y competente".
