La Escuela Infantil Alfonso IX supuso el pasado año 107.000 euros de déficit para las arcas municipales. La cifra es muy similar a la de años previos, como los 100.000 euros de déficit en el año 2012 o los 113.000 euros de déficit en 2013.

Los datos fueron revelados ayer durante la celebración del primer pleno municipal, donde al hilo de la prórroga del contrato de la empresa Eulen, que se encarga del servicio de esta instalación para menores de cero a tres años, se reavivó la polémica sobre qué institución debe tener la competencia para gestionar el centro, que actualmente está ocupado en un 71%, según dijo el concejal del área, Antonio Vega (PSOE), quien justificó el voto favorable a la prórroga del contrato con Eulen "en un ejercicio de responsabilidad política, pero no me entusiasma haber cedido el servicio a una empresa privada". A continuación recordó que la primera situación ilógica es que el convenio se firma con "la Consejería de Familia y no de Educación, como sería natural. Luego se acepta la municipalización y hasta aquí hemos llegado".

Vega avaló el trabajo de las educadoras que trabajan en la Escuela Infantil municipal y enumeró diversas medidas para mejorarla.

Manuel Burón (IU), por su parte, evaluó como "positivo que haya un Centro de Educación Infantil, pero no a cualquier precio como es asumir una competencia impropia y deficitaria", por eso tanto él como el socialista prometieron "buscar otras posibilidades de gestión".

Desde el Partido Popular pidieron al equipo de Gobierno "que dejen de lamentarse, hagan los deberes y gestionen para que la competenicia la asuma la Junta. Trabajen en esa línea, donde van a tener siempre nuestro apoyo", dijo Manolo Vega, portavoz del PP durante la mayor parte de la sesión plenaria.

El tema del chalé de la esposa del ex alcalde, Saturnino Mañanes, no fue mencionado -al menos hasta el cierre de edición de este periódico- y hubo varios puntos álgidos como la aprobación de la bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la devolución de la garantía de las viviendas de protección oficial no construidas o las alegaciones formuladas al reglamento del consejo sectorial de fiestas, en el que PSOE e IU se posicionaron a favor y el PP en contra.