En octubre de 2010, con una orden judicial, responsables municipales accedieron al interior del matadero municipal, hasta ese momento precintado. Ocho años antes la empresa concesionaria, tras anularse el contrato por dictamen del Consejo de Estado, inició un pleito que llegó hasta el Tribunal Supremo. Los magistrados del alto tribunal rechazaron el recurso de casación finalmente, pero en ese tiempo el matadero fue un blanco constante de robos y actos vandálicos.

Cuando los responsables municipales en 2010 pidieron permiso y accedieron finalmente al interior se encontraron con que la suciedad y el abandono anidaban en todos los recovecos del centro de sacrificio. La mayor parte del material de cobre había sido saqueado, las oficinas desvalijadas, y los grafiteros habían dejado su impronta en la mayoría de las dependencias. La comitiva se encontró con que faltaban puertas de hierro y numerosos ganchos utilizados para colgar las canales. Los ladrones se habían tomado su tiempo arropados paradójicamente por el precinto legal que impedía el acceso al interior y, acostumbrados a esta inmunidad, aprovechaban las incursiones para dejar preparadas las futuras remesas. Los munícipes se encontraron una bandeja llena de ganchos y material de aluminio para su próxima visita, que no se produjo finalmente.

Aquella medida frenó, al menos durante un tiempo, los allanamientos. Durante años los cacos habían accedido al interior a través del vallado externo, levantado en una parte del perímetro. Para evitar más robos se reparó y reforzó. Seis años después de aquella visita que sirvió para redactar un amplio informe documental y gráfico el deterioro ha continuado sin embargo. Cuando el concejal de Medio Ambiente las visitó hace unos días las comparó con el tétrico escenario de la Matanza de Texas.