Los mayores que viven solos en los pueblos contarán con protección y asistencia jurídica

Solidaridad Intergeneracional abre en Los Valles la Fundación Padrinos de la Vejez con el fin de ayudar a las personas sin familia

04.01.2016 | 06:10
Un grupo de mayores de Mózar muestra sus diplomas de asistencia a un curso organizado por Solidaridad.

Solidaridad Intergeneracional, la organización no gubernamental que viene desarrollando programas de ayudas y prestación de servicios sociales en la comarca y en la provincia, ha creado la Fundación Padrinos de la Vejez con el propósito de atender de forma integral a las personas mayores que sufren enfermedades que les impiden dirigir su propia vida y no cuentan con familiares o parientes próximos que les protejan y aseguren una buena calidad de vida. Así resume su presidenta Ana Isabel Esteban, los objetivos de la nueva Fundación con miras a una atención directa en los mayores de la comarca que viven solos.

"Somos nuevos en esta materia, pero sabemos cómo funciona el mundo de los servicios sociales, de las personas mayores y del medio rural", dice la presidenta refiriéndose a la profesionalidad y el buen hacer de la ong. Circunstancia que le permite "apadrinar a todas aquellas personas mayores que necesiten apoyo para seguir viviendo, cariño y protección".

El Alzheimer con una prevalencia del 47% en mayores de 85 años y aumentando a la par que la edad media, junto con el resto de demencias que afectan a más de 3 millones de personas en España, constituye un factor de riesgo alto, que podrá ser objeto de incapacitación o modificación de capacidades. En nuestro país viven 2,5 millones de personas mayores de 80 años que son el 5,2% de la población. En 2021 serán 6,3% y en 2051, serán de más de 6 millones y el 15,3% de la población.

Padrinos de la Vejez, fundada por Solidaridad Intergeneracional, es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y ofrece sus servicios preferentemente a la población rural, por estar más necesitada de ellos, sin discriminar al resto.

Desde 2008, cualquier medida de protección como pretende la incapacitación judicial, deberá plantearse desde las posibilidades, capacidades y nivel de autonomía de las personas, y la protección deberá consistir en facilitar los apoyos necesarios para que, sin necesidad de incapacitar, es decir de prohibir o anular la capacidad de obrar, que existan garantías jurídicas y se puedan pedir responsabilidades a quienes, estando encargados de prestar esos apoyos y protección, no lo hicieren, explica la presidenta Ana Isabel Esteban.

La ancianidad es sujeto protegible, porque las personas suelen encontrarse en situaciones psíquicas especiales, que les ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo para desempeñar determinadas actividades, atender adecuadamente sus propias necesidades. Son estas situaciones invalidantes las que el ordenamiento jurídico intenta proteger, estableciendo la tutela, curatela, guardador de hecho...

Tradicionalmente, las personas con enfermedades incapacitantes que contaban con patrimonio, carecían de familia que les prestase los apoyos o existen problemas de relación entre los miembros de la familia, han sido las personas más proclives a la incapacitación judicial como medida de protección. No ocurre lo mismo con las personas mayores sin patrimonio por eso se pregunta Esteban "¿Cómo se les ha protegido?". La respuesta ha de ser pública o privada a través de instituciones tutelares, sin ánimo de lucro, como lo es la Fundación Padrinos de la Vejez, dice.

A pesar de no haberse modificado las leyes, la autoridad judicial está reinterpretándolas de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, de 2006 que fue ratificada por España en 2008 formando parte de nuestro ordenamiento jurídico y en ella se promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de las libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad establecido en el artículo 1 de la citada Convención. Además la Unión Europea apoyó en 2010 su aplicación efectiva por parte de los Estados miembros y de las Instituciones de la Unión Europea y ello significa un cambio importante en el sistema de tutela por sustitución que existe en la legislación española.

Normalmente es la familia, en el 80% de las ocasiones, la que promueve esta protección, pero si esta no lo hiciese, y fuese necesario, tendrán obligación de promoverlo, el Ministerio Fiscal, los funcionarios (sanidad, servicios sociales...) cuando tuviesen conocimiento, o bien cualquier persona física o jurídica que conozca los hechos los debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal.

La Fundación Padrinos de la Vejez, pretende ser un recurso social especializado y ejerce cualquiera de los cargos (tutela, administración judicial, defensa judicial, guardador de hecho) de aquellas personas mayores de 65 años, especialmente del medio rural.

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