Santa Cristina se opone a gestionar la depuradora si no cubre más municipios

"Mientras yo sea alcalde no aceptaré el proyecto", asegura el regidor Salvador Domínguez, del PSOE

17.12.2015 | 10:26
La corporación municipal de Santa Cristina de la Polvorosa en la sesión plenaria de la noche del lunes.

Las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Santa Cristina de la Polvorosa todavía no se han concluido y todo apunta a un permanente inacabado. A que de completarse la ejecución del proyecto, cuyas obras están paralizadas desde hace seis años, su actividad quede en el aire.

El alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa no lo podía decir más claro ante sus compañeros de Corporación en la sesión plenaria celebrada en la noche de este lunes. "Mientras yo sea alcalde, no lo aceptaré", decía el socialista Salvador Domínguez quien tras los pasados comicios municipales, su grupo político goza de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. El regidor de Santa Cristina hacía un repaso histórico del proyecto de la EDAR y de los avatares de la ejecución de este proyecto hasta que hace seis años, a finales del 2009 quedaron paralizados los trabajos.

El rechazo a la gestión de la EDAR se debe a los "inasumibles" costes económicos que ello acarrearía al Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa. Por eso el alcalde tiene previsto reunirse con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, pasadas las fiestas navideñas, para abordar el asunto. Salvador Domínguez lo tiene muy claro, le propondrá una vez más a Alberto Castro, la primera vez fue en un reciente encuentro informal en Benavente, sobre la necesidad de extender la actividad de las instalaciones de la EDAR, cuando se concluyan las obras, a otros municipios de la zona, como ya señalaba el grupo socialista al inicio del proyecto, y de eso hace ya una década.

"Intentaré que el delegado entre en razón, mi propuesta pasa por esa ampliación del servicio a más municipios o no lo aceptaremos", apuntaba Domínguez ante los corporativos de una y otra bancada argumentando que la puesta en servicio de la EDAR queda desfasada por dar atención a 4.000 ó 5.000 habitantes, cuando la mayor parte se la llevaría la actividad de la fábrica de quesos, por ello redunda en su propuesta de ampliar las instalaciones a una capacidad de 20.000 habitantes. "Por eso quedaríamos hipotecados, ya que los gastos de mantenimiento, tanto de dos operarios como los filtros y demás productos y elementos necesarios para el servicio, no los podremos asumir", señaló el regidor municipal.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Pablo Rubio, argumentaba que entonces ya había trasladado a la Junta la propuesta del PSOE y "nos dijeron que no era viable técnicamente".

La viabilidad técnica para conexionar colectores de otros municipios a las instalaciones de Santa Cristina no sólo se cernía en la sesión plenaria, sino que además, y tras el tiempo transcurrido, el Ayuntamiento solicitará a Medio Ambiente de la Junta, cuya Consejería a financiado al completo el proyecto de obra, un estudio de viabilidad económica, ya que se carece de él hasta la fecha, como quedaba patente en el Pleno. "De poco me vale que me den unas instalaciones si luego no podemos mantenerlas", apuntaba una de las concejalas socialistas.

Puestas así las cosas, el alcalde tendrá que reunirse con el delegado territorial para presentarle la nueva propuesta ya que la amenaza de sanciones por la falta de gestión de aguas residuales está en el aire, y será a partir de ahí y una vez se cuente con el informe de viabilidad económica cuando se someta de nuevo a consideración plenaria el asunto de la EDAR.

En el Pleno, los concejales manifestaron su condena al atentado de Kabul en el que fallecieron dos policías, expresando el sentimiento común y apoyo a los familiares de las víctimas, así como se aprobó por unanimidad la moción presentada por la plataforma zamorana de afectados por la hipoteca (PAH) con el fin de poder dar una solución, dentro de las competencias municipales, a aquellas familias afectadas, "para que los desahucios dejen de existir", apostillaba el alcalde.

El cumplimiento de atender a la modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local vino a revocar el nombramiento de cargo de tesorero del Ayuntamiento pasando de manos de un concejal al secretario interventor. Una medida que viene siendo muy discutida en los municipios ya que erige al técnico municipal, a la vez, como pagador y fiscalizador de los gastos.

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