Solidaridad Intergeneracional denuncia que siguen discriminadas las personas dependientes de los Valles, solicitantes de su derecho esencial de valoración para acceder en tiempo y forma a las prestaciones que ofrece la Ley de Atención a la Dependencia.

La ONG culpa a la Diputación de no dotar de suficientes recursos al CEAS de Benavente que afecta a un total de 39 poblaciones en 27 municipios con un mínimo de 712 dependientes. Muchos de ellos residentes en Benavente por su mayoría poblacional, pero con significativos porcentajes en todas las localidades de la zona.

Solidaridad remite cartas a los 27 alcaldes de los municipios que componen las 39 poblaciones del CEAS de Benavente para informarles del incumplimiento de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León por parte de la Diputación al menos en dos vertientes; una porque la Ley establece en su art. 25.3 que la Zona de Acción Social se corresponderá con una demarcación constituida por un módulo de 10.000 habitantes o menos, siendo la población perteneciente al CEAS bastante superior. Según el INE en 2014 la población asciende a 28.512 personas, siendo casi 10.000 las no empadronadas en Benavente. La otra vertiente incumplida se corresponde con la responsabilidad que tienen los gobernantes, también los del ámbito local, porque los ciudadanos que habitan en sus pueblos están sin valorar por parte de los servicios sociales públicos, incumpliendo los principios rectores establecidos que garantizan la universalidad, igualdad efectiva y la responsabilidad pública.

Además se incumple también el art. 11.2.c) ya que la población a la que representan no puede acceder a la valoración y diagnósticos técnicos de su situación y necesidades, lo cual impide el acceso a prestaciones de servicios o económicas. El Gobierno retrasó en 2011 el calendario de aplicación de la Ley de 2006 y las personas con dependencia de grado I, (que precisan ser ayudadas al menos en una actividad básica, varias veces al día), no han podido incorporarse hasta julio de 2015.

Insiste la presidenta de Solidaridad que Diputación y Junta "discriminan a sabiendas a las personas dependientes de los pueblos que pertenecen al CEAS de Benavente, al no dotar con suficientes recursos el CEAS, cerrando así, la puerta de entrada a los servicios sociales, pues la valoración técnica es la que posibilita el acceso a los recursos públicos que garantizan las leyes de las que nos hemos dotado.