El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha firmado la providencia que señala el inicio del procedimiento administrativo para recurrir en los tribunales la reclamación de reintegro de 146.000 euros de intereses legales por el dinero anticipado para construir 50 viviendas sociales en la plaza de toros, proyecto que finalmente resultó fallido.

Los técnicos municipales han comenzado a perfilar el contenido de este recurso que, sin embargo, no evitará que el Ayuntamiento tenga que devolver a la Junta la cantidad anticipada, que estaba consignada (572.000 euros), mas los intereses legales cuyo tipo ha rondado el 4%.

Según Huerga, el Ayuntamiento tendrá que abonar esta cantidad ineludiblemente y por ello ha planteado a la Junta de Castilla y León realizar el desembolso de forma periodificada. La Administración regional ha aceptado que el pago de este dinero, que en el caso de que el recurso que se planteará en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sea resuelto favorablemente a los intereses municipales retornará a las arcas del Consistorio, se realice en tres plazos.

El equipo de Gobierno está convencido de que el procedimiento de reintegro iniciado por la Junta de Castilla y León para reclamar el dinero anticipado para las 50 viviendas fallidas, adolece de anomalías administrativas más que suficientes para conseguir una resolución judicial positiva a los intereses municipales.

A juicio de Huerga, el recurso planteado en su día por el Ayuntamiento ya era lo suficientemente sólido como para haber sido aceptado en firme. Sin embargo, la Dirección General de Vivienda no respondió en el tiempo establecido y el recurso administrativo, que pedía dejar sin efecto los intereses legales, quedó rechazado por silencio negativo. Para el Ayuntamiento resultó una sorpresa que casi dos años después, el pasado mes de agosto, el mismo órgano se desdijera aceptando un recurso que había quedado rechazado por silencio. Más sorprendente le resultó descubrir que apenas un mes después la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento corrigió esta resolución y pidió a la Dirección General de la Vivienda que emitiera otro dictamen, que finalmente ha resultado negativo.